Las reclamaciones de ciudadanos se elevaron especialmente a partir del segundo semestre y alcanzaron al cabo del año 35.185, un 246% más que en 2012. El Banco de España realizó un total de 452 actuaciones supervisoras en el ejercicio 2013, lo que supone un incremento del 47% con respecto a las 306 actuaciones de 2012, y recibió tres veces más reclamaciones que un año antes, según consta en el informe anual de la institución que recoge Europa Press. Las reclamaciones de ciudadanos se elevaron especialmente a partir del segundo semestre y alcanzaron al cabo del año 35.185, un 246% más que en 2012, debido sobre todo al aumento de quejas por las ‘cláusulas suelo’, señala el informe.
De las actuaciones realizadas, 96 se encontraban en curso o pendientes de cierre al finalizar 2013. El Banco de España incluye en este grupo tanto las visitas de inspección como las de seguimiento continuado, en muchos casos con presencia permanente en la entidad. A toda esta labor se suman 753 trabajos relacionados con entidades de crédito, entre los que se incluyen la verificación de las políticas contables en materia de refinanciaciones y reestructuraciones de créditos, las revisiones de auditorías o el seguimiento de la liquidez.
Todo este trabajo dio como resultado la emisión de 134 requerimientos a entidades, de los que el 67% correspondió a crédito y a políticas de gestión y control interno. A cierre de 2013, las entidades de crédito sujetas a supervisión prudencial por parte del Banco de España ascendían a 292. Además, el Banco de España supervisaba otras 131 entidades.
Durante el año, el Banco de España incoó seis expedientes sancionadores. En el informe no identifica las entidades objeto de estos expedientes, pero sí los motivos. Así, en un caso, actuó contra un banco por presuntos incumplimientos de la normativa sectorial en materias relacionadas con la presentación al Banco de España de un plan de actuación encaminado a paliar las debilidades económico-financieras de la entidad que amenazaban su viabilidad.
Otro expediente se dirigió contra tres entidades de pago y sus respectivos administradores únicos, por presuntos incumplimientos de la normativa reguladora de su actividad en materia contable, nivel mínimo de recursos propios o salvaguarda de los fondos de clientes, entre otras.
También abrió expendiente a una entidad de dinero electrónico y los miembros de su consejo de administración por presuntos incumplimientos en materia contable, mecanismos de control interno de su actividad, recursos propios y salvaguarda de los fondos de clientes.
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