La finalidad de esta agencia, explica el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, “es la contratación de suministros, bienes y servicios que sean declarados de gestión centralizada en este campo”, así como “agilizar la gestión de la contratación”. Para ello, se detalla en el propio anteproyecto de ley, tendrá financiación con cargo a los Presupuestos autonómicos, pero también mediante donaciones, subvenciones o el cobro de tasas.
Las críticas no han tardado en llegar. Y es que, además, el plazo para su consulta pública termina el 3 de enero. “Tan solo 10 días de publicidad, con varios festivos nacionales incluidos”, protesta IU, que denuncia que se trata de “un nuevo ejercicio de desprecio a los derechos de las ciudadanas y ciudadanos de la Comunidad y a sus representantes públicos, de forma opaca y torticera”.
Para Mónica García, portavoz de Más Madrid, es “un intento de ocultar profundos retrocesos en materia de protección urbanística, transporte urbano, transparencia y control de las cuentas y la contratación, especialmente la sanitaria”. Este partido, “conociendo los antecedentes del PP”, teme que esta nueva agencia “sirva para generalizar la contratación opaca, falta de concurrencia y discrecional”. Asimismo, avisa sobre posibles consecuencias en otros sectores más allá del sanitario. “Mientras se escuda en el impulso de la actividad económica y la modernización de la Administración, (esta ley) le pone la alfombra roja a la especulación y a los pelotazos”, sostiene.
“Agencia de privatización sin control parlamentario”
IU asegura que con la agencia el Ejecutivo crea “un organismo independiente que podrá constituir o participar en cualquier entidad que adopte la forma de sociedad mercantil”. Según esta formación, podría “dar amparo legal a privatizaciones de la asistencia sanitaria que pueden culminar el proceso de acoso y derribo contra la sanidad madrileña”. Algo que, denuncia, “vienen perpetrando desde hace décadas los sucesivos Gobiernos del PP”.
Asimismo, critica que se esté planteando crear “un órgano sin control parlamentario, cuya dirección será nombrada por el Gobierno, sin que nuestras representantes en la Asamblea puedan controlarlo”. Ante esto, IU ve “inevitable pensar en que estamos ante el enésimo chiringuito del PP”.
“Beneficio del sector privado”
Junto a las críticas expresadas por partidos de izquierda, varios colectivos sanitarios también han alzado la voz. Y todos coinciden en que abre la puerta a la privatización.
Así lo señala, por ejemplo, la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid, para quien esta agencia únicamente favorece “la privatización del sistema sanitario regional y la ausencia de transparencia y control sobre esta actividad económica”. “La ampliación de la actuación a los servicios que sean declarados de gestión centralizada en el ámbito sanitario, y la determinación reglamentaria de los mismos abarca la posibilidad de externalizar”. “Es decir privatizar, sin límites, todas las prestaciones del SERMAS”, destaca.
En su opinión, “deja en manos de la Consejería de Sanidad y del Gobierno el tomar decisiones, sin control alguno, que pueden desmantelar la Sanidad Pública madrileña”. Por ello, cree que supone “un paso más para la privatización” del sistema, “que va a permitir al Gobierno de la Comunidad hacerlo sin control ni publicidad”. También, “desviar los ya escasos fondos de la sanidad madrileña para el beneficio del sector privado”.
