En el futuro muchas personas, como ya pasa, no podrán comprarse una casa. “No tendrán ni la capacidad para pagar la entrada inicial, ni unos ingresos estables para hacer frente a la hipoteca”. Algo ante lo que este informe prevé “que el alquiler siga creciendo como alternativa principal”. No obstante, apunta que “el aumento de los precios en ciertas zonas también hará que su acceso resulte cada vez más erosivo para las rentas de los inquilinos, convirtiendo el alquiler compartido en una opción real para ciertos segmentos de población”.
Según el plan del Gobierno, en esta situación “podrían ir ganando relevancia otras fórmulas de tenencia alternativas a las tradicionales de compra o alquiler”. En concreto, apunta a la “propiedad temporal o la propiedad compartida”. Se trata, explica el propio documento, de una forma de tenencia que “se ha llevado a cabo en Cataluña”, la cual establece “los mismos derechos y obligaciones que un propietario, pero durante un tiempo limitado”.
De esta manera, recoge el BOE, la propiedad temporal “otorga a su titular el dominio de un bien durante un plazo cierto y determinado, a cuyo vencimiento el dominio deviene del titular sucesivo”. Respecto a la propiedad compartida, “confiere a uno de los dos titulares, que recibe el nombre de propietario material, una cuota inicial del dominio, y la posesión, el uso y disfrute exclusivo del bien y el derecho a adquirir, de modo gradual, la cuota restante del otro titular, que recibe el nombre de propietario formal”.
Junto a esto, el Ejecutivo pone sobre la mesa el ‘cohousing’. Es decir, la fórmula de compartir piso de toda la vida, pero no solo para los jóvenes. Tal y como afirma, puede ser “una opción interesante” para personas mayores, dando lugar a nuevas formas de “convivencia intergeneracional”. No obstante, reconoce que “habrá muchas personas que no podrán acceder a una vivienda digna y adecuada sin el apoyo del Estado”. Por ello pronostica que la demanda potencial de vivienda social casi se duplicará en la próxima década, pasando de los 1,5 millones de casas que se calculan necesarias ahora, a 2,6 millones en 2030.
Respecto a esto último, el ‘Plan 2050’ propone también aumentar la disponibilidad de vivienda pública y social mediante la compra de pisos en edificios y comunidades “ya consolidadas”, a lo que suma la rehabilitación.
Con la vista puesta en garantizar el acceso a una vivienda “digna y adecuada, reduciendo el esfuerzo económico y mejorando su adecuación”, aboga por fomentar el alquiler de las casas vacías. ¿Cómo? “Ofreciendo garantías suficientes a la parte propietaria y ejerciendo control sobre la calidad de la vivienda ofertada”. En este sentido, plantea “la creación o mejora, en su caso, de bolsas de intermediación pública de alquiler y marcos de colaboración público-privados que contribuyan a una mejor gestión (partenariados o modelos similares a las housing associations)”.
Fiscalidad dirigida a favorecer el alquiler
Asimismo, recoge la creación de un marco fiscal “orientado a favorecer tanto el incremento de la oferta de vivienda en alquiler a precios asequibles como el propio acceso de los hogares de rentas más bajas”. A esto añade fijar “mecanismos de protección” sobre el patrimonio público de vivienda y reservas de suelo para vivienda protegida en alquiler.
Para que el actual parque de vivienda cumpla con las “necesidades de los nuevos hogares” que dibuja el plan, el Gobierno propone implementar los programas de ayudas dirigidas a conseguir la accesibilidad universal en las viviendas, así como soluciones habitacionales alternativas. También una Estrategia Nacional de regeneración urbana integral “que preste especial atención a los barrios desfavorecidos y vulnerables o con presencia de infravivienda”.
Reducir la sobrecarga en el pago de vivienda
Estas medidas, además de facilitar el acceso a una vivienda, buscan reducir la proporción de población que “sufre sobreesfuerzo por el pago de la vivienda” de aquí a 2050. En especial, a aquellas personas que viven en alquiler, que es el colectivo “que sufre una sobrecarga más elevada”. En concreto, se quiere pasar del 9,5% del 2015-2019 “o último dato disponible” al 8% en 2030. Esta cifra iría bajando al 6,5% en 2040 y hasta el 4,5% en 2050.
