De Alsasua a los CDR: ¿Existe una banalización del terrorismo en España?

Casa cuartel
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Desórdenes públicos, terrorismo, atentado contra la autoridad, delito de odio, rebelión. La detención de una mujer en Cataluña acusada de terrorismo (desoído posteriormente por el juez) por su vinculación con los Comités de Defensa de la República catalana (CDR) y el caso de Alsasua generan un cruce de pareceres entre juristas. ¿Qué es terrorismo?

El Ministerio Público basa estas acusaciones en el artículo 573 del Código Penal. Artículo que fue modificado en 2015, semanas después del atentado contra la semana satírica francesa Charlie Hebdo, tras un acuerdo entre el PP y el PSOE que contó con la abstención de CiU.

“Generalización del concepto terrorismo”

“Con la reforma del 2015 se cambió el concepto de terrorismo. Antes exigía la existencia de una banda terrorista. Secuestrar, matar, asesinar. Antes esto era terrorismo. Ahora, con el cambio del Código Penal, los delitos por terrorismo se han ampliado, con el riesgo de calificar como terrorismo lo que son desórdenes públicos”, alerta el abogado Carlos Sánchez Almeida a EL BOLETÍN.

Juan Carlos Campo, portavoz del PSOE en la Comisión de Justicia y ex vocal del Consejo General del Poder Judicial, considera a este periódico que aquella reforma “fue necesaria porque había adaptar los códigos a las nuevas formas de terrorismo (‘lobo solitario’) ”.

Ya no hace falta pertenecer a una banda terrorista para que imputen el delito de terrorismo. Esta amplitud del significado “tiende a hacer una generalización del concepto terrorismo”, en visión de Ignacio González Vega, portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD).

La abogada de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Carmen Ladrón de Guevara, por su parte, defiende la reforma y niega que haya ambigüedad en cuanto a saber qué es o no un delito de terrorismo.

“Existe una banalización del terrorismo”

Existe una banalización del concepto terrorismo si consideramos que los miembros del CDR son terroristas”, asegura el portavoz de JJpD. González Vega y Sánchez Almeida consideran que la Fiscalía “no se ha ajustado a la realidad”, ya que lo que ha sucedido en Cataluña, a su juicio son “desórdenes públicos, no terrorismo”.

El representante del PSOE, Juan Carlos Campo, prefiere mantenerse al margen de opinar sobre lo sucedido pero revela que se alegró de la decisión tomada por el juez Diego de Egea, que rechazó imputar delitos de terrorismo.

En cualquier caso, tanto Campo como la abogada de la AVT niegan que exista una banalización del terrorismo.

“Si se demuestra que hay un plan para alterar el orden constitucional y sembrar el terror en la sociedad, no me parece descabellado imputar delitos de terrorismo”, argumenta Ladrón de Guevara. “La clave del terrorismo es la finalidad. Por ejemplo, si existiera un plan para atacar cuarteles de la Guardia Civil”, destaca la abogada.

Sánchez Almeida recuerda que aunque el juez rechace posteriormente el delito de terrorismo, como ha sucedido, “a la detenida ya se le ha aplicado en los primeros días el protocolo antiterrorista, que supone una privación absoluta de derechos”.

Considera que “tenemos una legislación cada vez más represiva” y pone en el 15-M la línea de salida. La normativa “represiva” comenzó a raíz de aquellas movilizaciones con leyes como la de seguridad ciudadana (‘ley mordaza’) “dirigida a reprimir las protestas populares”.

“No es descabellado que en Cataluña pueda haber terrorismo”

En los últimos meses, varios políticos y medios de comunicación han asegurado que Cataluña vive un proceso de ‘borrokización’. La representante de la AVT respalda esa idea y se pregunta, “¿por qué no va a ser similar la situación del País Vasco con la de Cataluña?”.

Ladrón de Guevara afirma que no le parece descabellado “que en Cataluña pueda haber terrorismo. No tengo datos, pero con violencia en la calle y la situación tan tensa que hay…”.

Tanto Carlos Sánchez Almeida como Juezas y Jueces para la Democracia niegan la mayor. “No existe un símil con la situación vasca. Lo de Cataluña son desórdenes públicos. Lo otro fue un atentado contra la vida de las personas”, asegura Ignacio González Vega.

En esa línea, Sánchez Almeida cree que tildar de terrorismo lo que hacen los CDR “es una ofensa a las víctimas […] A este paso se va a acabar llamando terroristas a los pensionistas que cortan una calle o lo que fue la primera semana del 15-M”.

Este abogado insiste en que “la sociedad española ha vencido a ETA sin pervertir el significado de terrorismo”.

“Lo que sucedió en Alsasua fue muy grave”

Amnistía Internacional pide que los cargos de terrorismo que recaen sobre los ocho procesados por lo sucedido en Alsasua sean retirados. “España está aplicando una legislación que ha ampliado de forma desproporcionada los tipos de terrorismo, alejándose de los requisitos de claridad y precisión exigidos por el Derecho penal y por diversos relatores de Naciones Unidas”.

Una visión que se aproxima a la de Juezas y Jueces para la Democracia, que cree que la petición de 375 años de cárcel y una prisión preventiva de más de 500 días “es excesiva”. “La calificación natural en determinados supuestos similares es de delito de atentado contra la autoridad”, afirma González Vega.

Juan Carlos Campo, prefiere mostrarse cauto. Califica como “muy graves” los hechos que se produjeron en este municipio navarro y niega que la Justicia actúe de manera vengativa.

La abogada de la AVT, por su parte, defiende las medidas de la Audiencia Nacional. “Expulsar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado del País Vasco y Navarra ha sido una reivindicación histórica de ETA y de movimientos como ‘Alde Hemendik’ (‘Fuera de aquí’)”, asegura Ladrón de Guevara.

La letrada adjudica esa reivindicación a la banda terrorista y cree que “habrá que ver si hay vínculos con asociaciones próximas a ETA. Habrá que determinar si ETA estaba detrás”.