Desde que trascendiera el acuerdo, todos los sindicatos han criticado este acuerdo por la falta de información respecto a las condiciones laborales de las plantillas, tanto del operador como del administrador de la infraestructura.
Desde el Ministerio defienden que se trata solo de un acuerdo político que no aborda, por el momento, aspectos técnicos sobre cómo se llevaría a cabo este traspaso de competencias entre Estado y Generalitat. Al mismo tiempo, desde el Govern catalán han asegurado que se garantizarán las condiciones laborales de todos los trabajadores y que se hará un convenio de colaboración entre Generalitat y Renfe para facilitar la movilidad laboral.
Este convenio recogerá el respeto a los derechos laborales adquiridos por los trabajadores, y el Govern se ha comprometido con las organizaciones sindicales a explicarles cómo se realizará el traspaso y a que la gestión seguirá siendo 100% pública.
Si PSOE y Sumar consiguen finalmente sacar adelante la investidura, en principio se traspasará únicamente las vías que sirven a las líneas R1, R2 y R3.
Posteriormente, se analizará el conjunto de la red en Cataluña para futuros traspasos, pero siempre que no afecten a los tráficos ferroviarios de más de una comunidad autónoma o al tráfico internacional, que no incluyan el tráfico de mercancías o que puedan desagregarse de la red de interés general del Estado.