Clara Serra, diputada de Podemos y presidenta de la Comisión de Mujer

Clara Serra, diputada de Podemos y presidenta de la Comisión de Mujer en la Asamblea de Madrid
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“La protección a la mujer no puede estar supeditada a una denuncia como quiere el PP de Madrid”

La Asamblea de Madrid debate y vota este jueves un punto clave, “muy importante”, que puede afectar al futuro de la política en defensa de las víctimas de la violencia machista. El Parlamento madrileño lleva meses trabajando para modificar la Ley Integral contra la Violencia de Género. Sin embargo, como relata Clara Serra, diputada de Podemos y presidenta de la Comisión de Mujer, en una entrevista a EL BOLETÍN, el PP “de manera unilateral” se ha centrado en el artículo 31 de esta norma.

¿Por qué Podemos busca tumbar la modificación del artículo 31 de la Ley Integral contra la Violencia de Género que quiere llevar a cabo el PP?

Esta reforma del PP nos parece altamente preocupante porque dice que la única vía para acceder al título habilitante es la denuncia y si eso de manera excepcional. El PP, de repente y de manera unilateral, ha registrado una modificación de la ley regional que estamos debatiendo. Proponen que el título habilitante -que da acceso a las ayudas y a los recursos públicos: red de centros, atención, etc- se consiga a través de una denuncia, con una orden de protección o con un informe fiscal. Y que, tan solo, excepcionalmente, alguna mujer pueda no tener título habilitante y aún así recibir ayudas. Nosotros no estamos de acuerdo con esto porque se ha puesto sobre la mesa, como se ha hecho en el Pacto de Estado, que los recursos y la protección no pueden estar supeditadas a la denuncia. Las mujeres tienen que poder, para empezar, tener ayuda y seguridad; y luego poder denunciar.

Ya está teniendo consecuencias el obligar a las mujeres a denunciar para poder tener ayudas básicas. Es una cosa muy grave

¿Qué supone este movimiento del PP?

Con respecto a nuestra propuesta inicial, es un retroceso. Nosotros decimos que las mujeres no tienen por qué estar condicionadas. Está hasta detallado en el Pacto de Estado. Tiene que haber una vía ordinaria y no excepcional en el que haya profesionales -como los servicios sociales o sanitarios- que elaboren informes que digan que una mujer está en situación de violencia. Un médico que atiende a una mujer y que identifica una situación de violencia tiene que poder elaborar un informe. Y esto tiene que ser una manera que se ponga en marcha y que los propios profesionales puedan saberlo.

Hay que establecer por vía legal que hay personal cualificado que puede elaborar informes. Es algo que ya está en algunas leyes como la de Castilla y León o en la ley navarra. Es una de las vías de acceso al título habilitante, por tanto, a las ayudas, recursos y a la red de protección.

¿Cuál es la alternativa que propone Podemos?

La distinción con la regla del PP es que no tiene que haber una excepción sino una vía ordinaria. Se tiene que poder acceder a la condición de víctima de violencia machista por varías vías. Por supuesto que la denuncia y la orden de alejamiento es una de ella, pero tiene que haber otras que han de estar reconocidas por la ley. Nosotros decimos que un acceso al título habilitante tiene que poder ser también a través de un informe de expertos.

Lo que propone el PP es muy grave porque introduce una arbitrariedad enorme. No sabemos con qué criterios a una mujer se le pide o no denuncia. ¿Quién lo va a considerar? ¿Un funcionario de turno? ¿El Gobierno? Tampoco está reglamentado cuándo sí y cuándo no, por lo que se introduce una discrecionalidad y una discriminación a las mujeres porque no se garantiza que esa es una vía y una alternativa. La cuestión está en la excepcionalidad que establece el Gobierno.

¿Qué otras vías deberían acreeditar esa situación de violencia?

Es restrictivo que el PP diga que se le ‘perdonará’ a la mujer no contar con una denuncia siempre que los servicios sociales digan que está en una situación de violencia. No solo tienen que ser los servicios sociales, tienen que ser muchos más recursos.

Por ejemplo, la Inspección de Trabajo tiene que poder emitir un informe de acoso sexual, que ya está recogido en algunas leyes y que queremos que esté en Madrid. Queremos que la ley de Madrid esté a la altura de las leyes más desarrolladas. Obviamente, la Seguridad Social y la Inspección de Trabajo pueden certificar ese acoso sexual en el trabajo, están perfectamente habilitados para hacerlo, por eso debe ser una vía normal. Al Igual que, por ejemplo, un profesional de la sanidad que tiene en consulta a una mujer y ve que está sufriendo violencia tiene que poder certificarlo. Hacer un informe experto y detallado. Queremos ampliar el número de profesionales que acrediten cuando una mujer está siendo víctima de la violencia y además establecer que esos profesionales pueden hacer sus informes.

¿En estos momentos en qué situación está el acceso en la Comunidad de Madrid a los recursos sociales para las mujeres que son reconocidas como víctimas de la violencia machista?

Por ejemplo hay un problema en el acceso a la vivienda. Actualmente a las mujeres se les pide que haya denuncia y las viviendas pueden tardar meses y meses. Dijimos hace ya tiempo, a través de una PNL, que las mujeres víctimas de la violencia machista tienen que acceder prioritariamente y de inmediato en una vivienda. Pero no puede tardar un año como ocurre en algunos casos, ni se tiene que obligar a esa mujer a tener una orden.

¿Cómo valoráis la política contra la violencia machista que se está realizando en la Comunidad de Madrid?

Hay una falta total de recursos, con unos presupuestos insuficientes. Se está invirtiendo la mitad, justo la mitad, que en 2008. Y el presupuesto que hay no se ejecuta. Se deja sin ejecutar un 30%. Se invierte un número insuficiente. Tiene que haber un compromiso presupuestario. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid no tenemos ni unidades de valoración forenses. O tampoco hay un equipo de expertos que aconseje a los jueces a la hora de emitir una orden de alejamiento o no. Se deniegan muchísimas órdenes y no hay ni tan siquiera un psicólogo que facilite un informe al juez sobre la situación de la mujer.

¿Cuáles son las medidas más importantes que se echan en falta en la Comunidad de Madrid?

Aparte del presupuesto, la votación de este jueves es un paso muy importante. Necesitamos que haya unos servicios públicos con los ojos abiertos. Muchas mujeres no van a denunciar, pero sí van a hablar con sus médicos. Ahí es donde podemos ayudarlas facilitando recursos y posibilidades a los profesionales.

Entre otras cuestiones, también es necesario ampliar la ley y otras formas de violencia machista. Con la ley actual, Diana Quer no está considerada como víctima de un asesinato machista. Hay que cambiar la situación de las mujeres.

¿Cuál es el posicionamiento del resto de partidos respecto a vuestra enmienda al PP y vuestra modificación?

El PSOE apoyará nuestra propuesta, pero en Ciudadanos no sabemos qué van a hacer. No sabemos si apoyarán al PP por algún tipo de favor que se deban. Si así sucede, nos parecerá gravísimo. La reforma del artículo 33 que ha presentado el PP es muy mala. Hasta Amnistía Internacional vino a la Asamblea de Madrid a denunciar la propuesta.