El Ayuntamiento de Madrid ha presentado este lunes un recurso de reposición al auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que impuso medidas cautelares para los acuerdos de crédito de 275 millones destinados a Inversiones Financieramente Sostenibles.
El alto tribunal madrileño dio luz verde a estas medidas por la solicitud de la Abogacía del Estado, en representación de la Delegación del Gobierno, dejando así en suspenso 577 obras en la capital, en su mayoría actuaciones de mejora de instalaciones e infraestructuras aprobadas en el Pleno.
Concepción Dancausa, delegada del Gobierno de Mariano Rajoy en la capital, entendió que tales créditos se firmaron para “eludir el cumplimiento de los Acuerdos de No Disponibilidad” reclamados por el Ministerio de Hacienda. La cartera de Cristóbal Montoro pidió al Ayuntamiento de Madrid retener esas partidas para no incurrir en el incumplimiento de la regla de gasto.
El equipo de Manuela Carmena pide ahora el alzamiento total de las medidas o al menos la aplicación “de una caución sustitutoria para parte de los créditos afectados”.
El consistorio advierte de que si se mantienen las medidas cautelares, “se produciría la pérdida del objeto del proceso”, explica el recurso. “La adopción de las medidas cautelares solicitadas por la Delegación del Gobierno produciría en este proceso un resultado totalmente ajeno al que les reconoce la ley procesal, porque no tendrían un efecto provisional o cautelar, sino definitivo e inexorable”, explica.
Madrid recuerda que las Inversiones Financieramente Sostenibles “se realizan con cargo al remanente de tesorería del año anterior y deben ejecutarse en el año en curso, en este caso 2017”, y que, por tanto, si quedan suspendidas por las medidas cautelares hasta que se dicte sentencia, “habrá pasado ese año y por tanto sería jurídicamente imposible realizarlas”.
Ahora Madrid alega dos motivos: cree que “no es cierto que el incumplimiento de la regla de gasto pueda comprometer el interés general de España”: “La normativa europea no establece ninguna consecuencia directa por el incumplimiento de la regla de gasto (a diferencia de lo que sucede con el déficit)”. Con sus más de 1.000 millones de superávit “la situación presupuestaria del Ayuntamiento de Madrid no sólo es irreprochable, sino que se puede decir que es absolutamente ejemplar” de cara a la legislación europea.
Carmena recuerda que estos créditos “ni siquiera afectan al cálculo de la regla de gasto, puesto que se hacen con cargo a remanente de tesorería del ejercicio anterior que no incrementa el gasto computable”.
También alega que carece de fundamento jurídico-económico la aplicación “del principio de anualidad presupuestaria” que el TSJM argumenta para la aplicación de medidas cautelares. “No se está comprometiendo crédito del presupuesto de 2017, sino que se está utilizando el remanente líquido de tesorería existente del año 2016”, subraya.
El recurso, que aporta documentación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y del propio Ministerio de Hacienda y Función Pública, propone el alzamiento de las medidas cautelares para los 275 millones de Inversiones Financieramente Sostenibles afectados.
En su defecto, el Ayuntamiento solicita un alzamiento parcial para los 127 millones que se encuentran en un grado de ejecución avanzado o completo y una caución sustitutoria para los 15 millones que se corresponden con créditos ya autorizados. Esa caución se financiaría con cargo al Presupuesto de 2018.
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