El Ayuntamiento de Madrid ha recibido este mismo viernes un auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por el que se aceptan las medidas cautelares solicitadas por la Delegación del Gobierno en Madrid respecto a los acuerdos del consistorio para obtener cuatro créditos extraordinarios en mayo y abril, que suman más de 238 millones de euros. El alto tribunal madrileño ha acordado dar luz verde a la medida cautelar solicitada por la Abogacía del Estado, en representación de la Delegación del Gobierno, que deja en suspenso más de medio millar de obras en la capital, en su mayoría actuaciones de mejora de instalaciones e infraestructuras aprobadas en el Pleno.
Según la denuncia del departamento de Concepción Dancausa, delegada del Gobierno de Mariano Rajoy en la capital, tales créditos se firmaron para “eludir el cumplimiento de los Acuerdos de No Disponibilidad” reclamados por el Ministerio de Hacienda. La cartera de Cristóbal Montoro pidió al Ayuntamiento de Madrid retener esas partidas para no incurrir en el incumplimiento de la regla de gasto que rige sobre todas las administraciones.
Al dejar sin efecto estos acuerdos, el alto tribunal deja anula de facto la conitunidad de 577 obras que ya estaban en marcha en la capital «al entender que de ejecutarse los acuerdos impugnados quedaría comprometida la eficacia de la sentencia, pues los créditos impugnados habrían sido ya empleados y el gasto se habría materializado”.
El pulso entre el Gobierno del PP y el equipo de Manuela Carmena se recrudece en una semana en la que la alcaldesa había asegurado que, tras retener más de 170 millones de euros del presupuesto de este año, ningún servicio social se verían afectado por los requerimientos de Montoro, que impiden a la capital gastar por encima del nivel de crecimiento de la economía del país, independientemente de que la capital tenga o no superávit suficiente para gastar.
A petición de Dancausa, la Sala entiende que proceden las paralizaciones cautelares porque deben prevalecer “los intereses generales representados por la Administración del Estado, ya que la garantía de la estabilidad presupuestaria es una de las claves de la política económica y responde a un mandato constitucional y tiene como objetivos garantizar la sostenibilidad financiera de todas las administraciones públicas y fortalecer la confianza en la estabilidad de la economía española”.
“A la mayor brevedad posible el Consistorio presentará recurso de reposición a esta decisión del TSJM”, informa la alcaldía, asegurando además que “planteará medidas alternativas para el cumplimiento de la resolución judicial que no causen ningún tipo de perjuicio a terceros ni a la ciudadanía”.
El auto, dictado por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del TSJM da un plazo de cinco días para la presentación del recurso de reposición.
Desfibriladores, autobuses, colegios o centros de mayores
En agosto, la Delegación de Gobierno exigió al consistorio a través de dos requerimientos la anulación de los acuerdos plenarios del 28 de junio y del 20 de julio, en los que se aprobó invertir 302 millones del superávit municipal del año anterior en 577 intervenciones.
Según Dancausa, el Ayuntamiento debía anular las partidas extraordinarias por arriesgar el objetivo presupuestario y ser contrarias a la «no disponibilidad de crédito» de 238 millones aprobada por la corporación local. Sin embargo, el equipo de Ahora Madrid insistió en que esa inversión no formaba parte del presupuesto de este año, sino del superávit del pasado.
Esas inversiones por valor total de 302 millones de euros se dirigían a 577 actuaciones en como instalación de desfibriladores en los mercados de Madrid, BiciMad, la compra de autobuses, la operación asfalto, la replantación y cuidado del arbolado, las obras de restauración de las Murallas de Madrid o el templo de Debod, las mejoras en 93 colegios públicos, el acondicionamiento de instalaciones deportivas, centros culturales y de mayores o cementerios.
