“Es fundamental que este incremento de los precios mayoristas no se traslade en su totalidad a los clientes y a las empresas y, por tanto, debemos utilizar todos los instrumentos legales posibles para reducir los elementos de la factura energética”, ha señalado Calviño al diario británico. La ministra ha defendido que los cambios legales aprobados por el Ejecutivo son “absoluta y plenamente conformes a la legislación de la UE”.
La Comisión Europea está evaluando si las medidas del Gobierno español en respuesta a las subidas de precios se ajustaban a las normas de la UE sobre el mercado de la electricidad y las ayudas estatales.
Un experto en competencia de la UE ha señalado a FT que las medidas de España se evaluarían para ver si se dirigía injustamente a algunas empresas y sectores en detrimento de otros, incumpliendo así las normas de ayudas estatales del bloque. Bruselas publicará sus recomendaciones este mes.
La subida de los precios de la energía han dividido a los gobiernos de la Unión Europea. Algunos países del norte de Europa sostienen que el aumento de los precios no debe utilizarse como excusa para hacer descarrilar el camino del bloque hacia las emisiones netas cero para 2050. Sin embargo, Francia ha calificado de “absurdo” el sistema y anunció la semana pasada que bloquearía nuevas subidas de los precios del gas y la electricidad para los consumidores. Italia presentó su propio paquete de 3.000 millones de euros para mitigar las subidas de precios el 23 de septiembre.
España es especialmente vulnerable a la subida del precio de la energía porque las tarifas que pagan más de un tercio de los hogares están vinculadas al mercado de electricidad al contado, que se ha disparado por el aumento del coste del gas y, en menor medida, por los derechos de emisión de CO2.
Calviño ha argumentado que las medidas del Gobierno están relacionadas con los beneficios de las empresas y no disuadirían la inversión. “Cuando las empresas tomaron sus decisiones de inversión no esperaban estos precios mayoristas. No esperaban estos precios del CO2 y del gas”, ha explicado.
Pero las compañías eléctricas han sido muy críticas: en una carta dirigida a la Comisión Europea el 24 de septiembre, afirmaron que la medida creaba “distorsiones masivas, incertidumbre y daños”.
Además, piden a Bruselas que investigue el asunto y añaden que la tasa “pone en peligro” los objetivos de la UE de reducir las emisiones de carbono, viola la legislación que regula el mercado único de la electricidad y “probablemente infringe los requisitos del Tratado [de la UE] relativos a la protección de los inversores”.
