Bruselas pide incluir criterios medioambientales en las ventajas arancelarias a los países pobres

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La Comisión Europea ha propuesto este miércoles que la revisión del sistema de ventajas arancelarias que ofrece la UE a países vulnerables incluya criterios medioambientales y se refuercen los que se refieren a derechos fundamentales, con el objetivo de contribuir a un crecimiento más sostenible de sus economías gracias a su acceso preferente al mercado comunitario.

La UE cuenta con un Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG) que desde hace décadas ofrece reducciones y exenciones arancelarias a las mercancías exportadas desde países de renta baja, pero el sistema debe revisarse cada diez años.

El marco actual expira en diciembre de 2023, por lo que Bruselas presenta ahora sus ideas para la actualización que deberán aún ser negociadas con el Consejo y la Eurocámara para su entrada en vigor a tiempo para el 1 de enero de 2024.

Entre los cambios que plantea el Ejecutivo comunitario figura la posibilidad de retirar las ventajas arancelarias en caso de violaciones graves y sistemáticas de los principios de los convenios sobre cambio climático y protección del medio ambiente.

También aboga por ampliar la lista de convenios internacionales que los países beneficiarios del SPG+ deben ratificar y por contar con un procedimiento de retirada urgente de preferencias en casos graves como la violación de normas internacionales, por ejemplo en materia de Derechos Humanos, Derechos del Niño o convenios internacionales laborales.

El sistema europeo diferencia entre tres categorías que van desde los países más vulnerables, a los que se ofrece un acceso sin aranceles ni cuotas para todo tipo de productos –salvo armas y munición– hasta el régimen especial (SPG+) para países de renta baja y media baja que cumplen convenios internacionales, pasando por el modelo SPG estándar que elimina parcialmente los derechos de aduana en dos tercios de las líneas arancelarias.

«Renovamos el SPG para que siga ofreciendo preferencias comerciales generosas y, al mismo tiempo, impulse un cambio más positivo en los países beneficiarios», ha asegurado el vicepresidente primero de la Comisión Europea responsable de Comercio, Valdis Dombrovskis.

«La Unión promueve los derechos humanos y el desarrollo sostenible en todos los ámbitos de su acción exterior, incluyendo el comercio y la inversión responsables. El nuevo Reglamento SPG mejora un instrumento esencial para impulsar nuestro esfuerzo conjunto por promover sociedades más prósperas, sostenibles y justas», ha añadido, por su parte, el Alto Representante de Política Exterior de la UE, Josep Borrell.

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