Bruselas considera que la Ley de Navegación Aérea española restringe su libertad para fijar precios y da un plazo de dos meses a las autoridades españolas para responder a las irregularidades señaladas por los servicios comunitarios, según Europa Press.
La apertura del expediente sancionador tiene la forma de una carta motivada que establece un periodo de dos meses de diálogo entre Bruselas y Madrid para resolver las diferencias.
De no resolverse, la Comisión puede aún pasar a la segunda fase, que supone el envío de un dictamen motivado con un nuevo plazo para el diálogo, antes de emprender la tercera y última etapa del proceso que implica elevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
