Hasta cuatro comisarios, entre ellos el Alto Representante de la UE, el español Josep Borrell, han participado en la presentación de estas medidas que tendrán que ser discutidas y aprobadas por el Parlamento y el Consejo europeos antes de entrar en vigor. Son conocidas unos meses después de que estallase un caso de corrupción en el Parlamento Europeo, el denominado Qatargate, que afecta a una vicepresidenta, Eva Kaili, ya destituida, y a otros diputados actuales o anteriores, todos ellos vinculados al grupo socialdemócrata y que pretendía favorecer, según las primeras conclusiones de los investigadores, a países como Qatar o Marruecos.
Ahora la idea es tipificar los delitos y armonizar las penas dentro de UE además de establecer un régimen de sanciones específico de la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) contra los actos graves de corrupción en todo el mundo.
La Comisión quiere crear una red que reúna a las fuerzas de seguridad, las autoridades públicas, los profesionales, la sociedad civil y otras partes interesadas y que actúe de manera preventiva, además de desarrollar buenas prácticas y orientaciones prácticas. Una de sus tareas será la de ayudar a la Comisión a determinar los riesgos de corrupción dentro de la UE.
La Comisión reafirma que mantiene una tolerancia cero frente a la corrupción y para ello detalla las normas éticas, de integridad y transparencia vigentes en sus instituciones que deben actualizarse continuamente. Y, en general, propone una nueva Directiva que actualice el marco jurídico actual.
LAS MEDIDAS
Primero trabajando en el ámbito de la información para sensibilizar contra los riegos que suponen las actuaciones delictivas; en segundo término garantizar que el sector público rinda cuentas, imponiendo a los Estados miembros la obligación de adoptar normas que faciliten el libre acceso a la información de interés general, la revelación y gestión de conflictos de intereses, y la revelación y verificación de los activos de los funcionarios públicos y la regulación de la interacción entre el sector privado y el público. Para ello se crearán organismos especializados en esta lucha que dispongan de recursos y formación para prevenir y combatir la corrupción.
En tercer lugar, armonizando las definiciones de los delitos perseguidos para abarcar no sólo el soborno, sino también la apropiación indebida, el tráfico de influencias, el abuso de funciones, así como la obstrucción a la justicia y el enriquecimiento ilícito. La propuesta hace que todos los delitos contemplados en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción sean obligatorios en la legislación de la UE incluyendo los sectores público y privado. Y se propone incrementar las sanciones penales para las personas físicas y jurídicas, e igualar las circunstancias agravantes y atenuantes.
En cuarto término, se pretende mejorar las herramientas de investigación, de modo que las fuerzas del orden y los fiscales dispongan de medios suficientes. Eso incluye que los estados miembros tendrán que garantizar que los privilegios y la inmunidad puedan levantarse durante las investigaciones a través de un proceso transparente preestablecido por ley.
FUERA DE EUROPA
La lucha contra la corrupción se extiende, con las medidas anunciadas hoy, al resto del mundo a propuesta de Josep Borrell. Con ello la UE podrá combatir los actos graves de corrupción en todo el mundo, independientemente de dónde se produzcan. A tal fin se mejorarán los instrumentos para combatir la corrupción y, sobre todo, se dotará de nuevas herramientas para hacer frente a las situaciones que puedan darse en terceros países. Y para ello contará con un sistema de sanciones actualizado.
Según Borrell “la corrupción es un fenómeno global y transnacional que se estima que cuesta al menos el 5% del PIB mundial”. Y añadió que “socava la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos, la paz y la seguridad internacional y el desarrollo sostenible”. Por eso considera imprescindible ampliar y ahondar en la lucha contra ella.
Los índices mundiales sitúan a muchos estados miembros de la UE entre los menos corruptos del mundo por lo que Bruselas considera que tiene suficiente autoridad moral para intervenir fuera de sus fronteras. Sin embargo, siguen existiendo lagunas importantes dentro de la UE. Por ejemplo, según los datos del Eurobarómetro en 2022 casi siete de cada diez europeos (68 %) creían que la corrupción estaba extendida en su país y solo el 31 % opinaba que los esfuerzos de su gobierno para combatirla eran eficaces. En España los casos son frecuentes y, en general, ampliamente difundidos por los medios de comunicación.
