“El análisis sigue en marcha, por tanto en ese sentido el comisario no ha dicho por ahora que la ley de amnistía no plantee preocupaciones”, ha explicado el portavoz de Reynders, Christian Wigand, al ser preguntado en una rueda de prensa en Bruselas si compartía el análisis del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que tras reunirse el jueves con Reynders dijo que el Ejecutivo comunitario tiene “cero preocupación” por el Estado de derecho en España.
Bolaños viajó a la capital europea para reunirse con Reynders y con la vicepresidenta de la Comisión Europea encargada de Estado de derecho, Vera Jourova, para trasladarles que la ley de amnistía es un asunto “interno” de España, pero que es “absolutamente conforme” con los valores y principios de la Unión Europea. El ministro celebró poder “hablar sin ruido” con los responsables comunitarios para explicar “con toda claridad, de manera leal y directa” la situación y afirmó en declaraciones a la prensa que tanto Reynders como Jourova le trasladaron que tienen “cero preocupación” por este dossier, mientras que sí sienten la “máxima preocupación” por el bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
En este contexto, recoge Europa Press, el portavoz de Reynders ha recordado que la única expresión pública de Jourova y Reynders tras las reuniones fueron sendos mensajes en redes sociales en los que describieron las reuniones con Bolaños como “constructivas” y dejaron claro que los contactos con España “continuarán. “En la reunión, el comisario informó al ministro de que tiene preguntas y quiere seguir con las conversaciones con las autoridades españolas”, ha precisado Wigand, quien ha recalcado que “el análisis está en marcha y, por tanto, en ese sentido, el comisario no ha dicho por ahora que la ley de amnistía no plantee preocupaciones”.
El diálogo abierto entre el Ejecutivo comunitario y el Gobierno a cuenta de la ley de amnistía responde, según dijo el propio Reynders en una carta a Bolaños para pedir información antes de que se registrara la ley en el Congreso de los Diputados, a la alarma creada en un sector de la sociedad y de la judicatura que trasladaron en “numerosas” consultas a Bruselas su “preocupación” por las consecuencias de la ley en el Estado de derecho en España.
El ministro respondió a esa primera misiva ofreciendo cooperación al Ejecutivo comunitario pero aclarando que la ley era una iniciativa del PSOE, no del Gobierno, y que le remitiría el texto una vez fuera registrado y que quedaba a disposición para explicar después la posición del Gobierno. Aunque la carta de Reynders no estaba firmada por la vicepresidenta responsable de Estado de derecho, Bolaños ha pedido reunirse también con ella.
