En concreto, podrán beneficiarse de estas subvenciones las empresas que produzcan baterías, sus componentes esenciales y las materias primas necesarias con un importe máximo de la ayuda por beneficiario de entre 100 y 300 millones de euros para las inversiones en el ámbito de las baterías, –dependiendo de si se realiza en una zona asistida o no–; no superior a 100 millones de euros para las inversiones en componentes esenciales, y no superior a 25 millones de euros para las inversiones en materias primas.
La Comisión ha concluido que este régimen español es necesario, adecuado y proporcionado para acelerar la transición ecológica y facilitar el desarrollo de determinadas actividades económicas y considera que se ajusta a las condiciones establecidas en el Marco Temporal de Crisis y Transición, ya que la ayuda incentivará la producción de equipos pertinentes para la transición hacia una economía con cero emisiones netas y se concederá a más tardar el 31 de diciembre de 2025.
Así, el régimen ha sido aprobado en virtud del Marco Temporal de Crisis y Transición relativo a las ayudas estatales, adoptado por Bruselas el pasado mes de marzo para apoyar medidas en sectores clave para acelerar la transición ecológica y reducir la dependencia de combustibles fósiles.
Este nuevo marco modifica y prorroga en parte el previamente adoptado en marzo de 2022 para permitir a los Estados miembro apoyar la economía en el contexto de la actual crisis geopolítica, derivada del ataque de Rusia a Ucrania.
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