Bruselas aprueba un plan español de 837 millones para producir baterías de vehículos eléctricos

Movilidad sostenible

Bruselas aprueba un plan español de 837 millones para producir baterías de vehículos eléctricos

La Comisión ha concluido que este régimen español es necesario, adecuado y proporcionado para acelerar la transición ecológica.

Coche eléctrico

La Comisión Europea ha aprobado este jueves un régimen de ayudas español de 837 millones de euros para apoyar la producción de baterías para vehículos eléctricos y conectados con el fin de fomentar la transición a una economía de cero emisiones netas, en consonancia con el Plan Industrial del Pacto Verde, que busca impulsar la competencia de la Unión Europea en la producción de industrias ‘limpias’.

En concreto, podrán beneficiarse de estas subvenciones las empresas que produzcan baterías, sus componentes esenciales y las materias primas necesarias con un importe máximo de la ayuda por beneficiario de entre 100 y 300 millones de euros para las inversiones en el ámbito de las baterías, –dependiendo de si se realiza en una zona asistida o no–; no superior a 100 millones de euros para las inversiones en componentes esenciales, y no superior a 25 millones de euros para las inversiones en materias primas.

La Comisión ha concluido que este régimen español es necesario, adecuado y proporcionado para acelerar la transición ecológica y facilitar el desarrollo de determinadas actividades económicas y considera que se ajusta a las condiciones establecidas en el Marco Temporal de Crisis y Transición, ya que la ayuda incentivará la producción de equipos pertinentes para la transición hacia una economía con cero emisiones netas y se concederá a más tardar el 31 de diciembre de 2025.

Así, el régimen ha sido aprobado en virtud del Marco Temporal de Crisis y Transición relativo a las ayudas estatales, adoptado por Bruselas el pasado mes de marzo para apoyar medidas en sectores clave para acelerar la transición ecológica y reducir la dependencia de combustibles fósiles.

Este nuevo marco modifica y prorroga en parte el previamente adoptado en marzo de 2022 para permitir a los Estados miembro apoyar la economía en el contexto de la actual crisis geopolítica, derivada del ataque de Rusia a Ucrania.

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