“Fiel a la actitud sorda y poco dialogante demostrada en los últimos meses en el proceso de gestación del proyecto de ampliación de la línea 11 de Metro, que la llevó a ignorar todas las alegaciones y propuestas presentadas por los colectivos vecinales, el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha rechazado la intervención del Equipo de Mediación del Mecanismo de Reclamaciones del Banco Europeo de Inversiones (BEI) en el contencioso”.
Así lo lamentan desde la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) y la Asociación Vecinal Pasillo Verde Imperial, que, en nombre del movimiento contra las talas, deja claro que siguen adelante con la denuncia interpuesta en septiembre ante el BEI al respecto, ya que es una “entidad financiadora” de la obra. Y lo hacen, “al entender que la Comunidad de Madrid había modificado el proyecto inicial sin notificarlo y podía estar incurriendo en graves irregularidades que contravienen 7 de las 11 normas medioambientales y sociales del Banco Europeo de Inversiones, también llamado Banco del Clima”.
El BEI, recuerdan los colectivos vecinales, concedió al Gobierno de Ayuso un crédito de unos 372 millones de euros “para ejecutar un proyecto que luego ha sufrido notables modificaciones, unos cambios que, como hemos visto esta semana con el inicio de las talas de árboles en los parques de Arganzuela y Comillas, provocarán un impacto medioambiental y social muchísimo mayor que el proyecto original”.
De talar 79 árboles a destruir 676 ejemplares
“No en vano, la propuesta que la Comunidad de Madrid envió al BEI preveía la tala de 79 árboles y el proyecto que actualmente se está desarrollando destruirá 676 ejemplares”. A esto hay que sumar que “también iban a verse afectadas 9.624,60 m2 de zonas verdes y ahora son 48.170,00 m²”. “Por no hablar”, continúan, “de la destrucción casi completa del parque de Comillas causada por la apertura en su interior del pozo de ataque de la tuneladora de las obras, y el consiguiente impacto en la población especialmente vulnerable del colegio Perú, epicentro de la zona cero”.
A pesar del rechazo de la mediación del BEI, los colectivos vecinales continuarán con su denuncia, en la que advierten “de que o bien el BEI no fue informado de los cambios y su impacto medioambiental y social, o bien fue negligente a la hora de comprobar y garantizar el cumplimiento de las normas medioambientales y sociales del proyecto”.
Asimismo, le recuerdan que si no fuera por las fuertes movilizaciones vecinales iniciadas en febrero, el Gobierno regional habría llevado a cabo el proyecto constructivo adjudicado en 2022 con la tala de más de 1.000 árboles, “demostrando que el BEI habría financiado ese destrozo sin pestañear”.
“¿Habrá financiado el llamado Banco del Clima un proyecto ilegal?”
Por todo ello, lanzan esta advertencia a la entidad financiera: “Teniendo en cuenta todas las irregularidades denunciadas, es muy posible que, en un futuro no muy lejano, un tribunal de justicia declare ilegal las obras de ampliación de la línea 11 de Metro”.
En ese caso, se preguntan si “¿habrá financiado el llamado Banco del Clima un proyecto ilegal, cuando la ciudadanía le ha avisado de las irregularidades existentes?”.
Continúan las protestas vecinales
Este viernes continúan las protestas contra las obras. Así, habrá una asamblea vecinal informativa a las puertas del colegio Perú, en el parque de Comillas, en la que “se trasladará al barrio los efectos de la instalación en este lugar del macro recinto de las obras y del pozo de ataque de la tuneladora”. Tras esto arrancará una manifestación en el Jardín de Palestina, en Atocha, otra de las zonas afectadas por la ampliación de la línea 11.
“El movimiento vecinal no va a bajar los brazos ante los atentados medioambientales de la Administración autonómica”, avisan.
