Ayuso pone sobre la mesa ayudas a pymes y autónomos en la recta final de la campaña al 4M

Ayuso pone sobre la mesa ayudas a pymes y autónomos en la recta final de la campaña al 4M

La Comunidad de Madrid convoca 900 millones en ayudas, que se podrán solicitar desde el 1 de mayo. El Gobierno regional aporta 220 millones de la mencionada cifra.

El consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty

El consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, en una imagen de archivo.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha dado luz verde a la convocatoria de 899,2 millones de euros en ayudas a pymes y autónomos de la región para paliar los efectos del Covid-19. El plazo para presentar las solicitudes se abrirá el próximo 1 de mayo. Es decir, en plena recta final de la campaña a las elecciones del 4 de mayo.

Según detalla la Comunidad de Madrid, el objetivo es que estas ayudas “puedan llegar a sus destinatarios a la mayor brevedad posible”. En concreto, apunta en una nota a los medios, “antes de que finalice el mes de julio”. “No obstante, el sistema de intercambio de datos que ha fijado el Gobierno central impedirá que puedan tramitarse con agilidad”, lamenta el Ejecutivo regional.

Previamente, señala que en los casi 900 millones se incluyen 220 millones de euros “con cargo a los propios fondos del Gobierno madrileño”. El resto lo aporta el Estado. Todo, “para compensar a los sectores excluidos por el Ejecutivo central”, asegura. Y es que, tal y como sostiene, las ayudas de la Comunidad buscan beneficiar a estos colectivos que se han quedado fuera.

Podrán por tanto acceder a las ayudas más de 215.000 establecimientos o unidades productivas que emplean a más de 848.000 personas. Entre ellos, bares, restaurantes, comercios, taxistas, academias, peluquerías y salones de belleza o talleres, por ejemplo.

El importe de las ayudas oscilará entre los 3.000 y los 200.000 euros, y para acceder a ellas los potenciales beneficiarios tendrán que cumplir los requisitos que ha fijado el estado en su Real Decreto Ley, como haber perdido más de un 30% de la facturación como consecuencia de las restricciones provocadas por la crisis sanitaria.

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