Ayuso pide a Sánchez apostar por la energía nuclear

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en una imagen de archivo. (Foto: Comunidad de Madrid)

La Comunidad de Madrid quiere que el Gobierno apueste por la energía nuclear ante la crisis desatada por la guerra en Ucrania, que amenaza con posibles cortes de suministros en Europa. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha anunciado que solicitará al Estado que “abra el debate” en torno a la nuclear y se aborde la “prolongación” de la vida útil de las centrales, “al ser una energía más verde y menos contaminante”.

El día que el Parlamento Europeo ha aprobado la decisión de la Comisión de incluir el gas y la energía nuclear como inversiones ‘verdes’, Madrid ha enviado un mensaje al Gobierno de coalición. La Puerta del Sol quiere que se apueste más por la nuclear.

“España es de los países europeos con mayor dependencia energética, hasta un 74% de lo que consumimos depende de importaciones de gas y del petróleo”, recuerda el ejecutivo autonómico, que ha adelantado que pedirá al Estado abrir el debate de la nuclear. Según detalla en una nota, Madrid plantea que “se aborde el proceso de prolongación de su vida útil” y defiende que se trata de una energía “más verde y menos contaminante”.

Incluso, la Comunidad detalla que países como Estados Unidos o Francia ya “han anunciado la construcción de nuevas infraestructuras de este tipo o que alargarán el funcionamiento de las existentes”.

Ayuso y los suyos hacen esta petición tras haber conocido en la reunión de hoy de su Consejo de Gobierno un informe sobre el impacto de la crisis en el sector y sus consecuencias ante las alzas de precios. En este sentido, ha anunciado que solicitará a Moncloa “medidas fiscales eficaces para abaratar la factura energética que soportan los ciudadanos”. Según expone, quiere que se eliminen hasta nueve impuestos “que disparan los recibos”.

El citado documento, detalla la nota, ha sido elaborado desde la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura y “muestra el contexto actual para alertar, además, de que si no se adoptan iniciativas inmediatas” la situación “puede agravarse al final de este verano”.

La consejera Paloma Martín va a pedir por carta a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, que el Gobierno “abandone su política de marketing, establezca una hoja de ruta con medidas concretas eficientes y actúe de manera urgente sobre la fiscalidad”.

“Entre las acciones más urgentes”, la Comunidad defiende que el Ejecutivo de coalición “sustituya los ocho impuestos estatales que gravan actualmente la producción de energía por solo un impuesto que incorpore los daños ambientales”. “No puede ser que las medidas adoptadas por el Estado estén provocando un aumento de generación eléctrica con carbón y gas, lo que supone que las emisiones de CO2 hayan aumentado de media en un 47%, pasando de 160 gramos por KWh frente a los 235, con picos en horario nocturno de 310 por KWh”, ha apuntado Martín.

“España contamina más y, al mismo tiempo se resiente el bolsillo de las familias”, ha continuado la consejera, que también instará a que plantee a la UE la suspensión temporal e inmediata de impuesto al CO2 y del de hidrocarburos, “ya que es inasumible que seamos la segunda electricidad más cara de Europa con una fiscalidad que supera el 60% de las facturas entre impuestos y costes regulados”.

Asimismo, a nivel fiscal también reclamará que se eliminen las subvenciones que no estén vinculadas a la generación de electricidad y que se traspasen los sobrecostes de los sistemas eléctricos insulares, así como el déficit de tarifa a los Presupuestos Generales del Estado.

La Comunidad de Madrid también demandará un calendario que incluya “medidas de diferente alcance temporal a corto, medio y largo plazo”, ya que entiende que “las que ha ido adoptado hasta el momento el Gobierno central no han hecho más que empeorar la situación” y pone como ejemplo el tope al precio del gas. “Además de no conseguir el objetivo de rebajar el precio de la luz, le toca pagarlo a los ciudadanos. Desde que entró en vigor la excepción ibérica”, asegura la consejera, “el precio de la luz se ha incrementado un 24%, cuando el Estado anunció que el tope permitiría rebajar hasta un 40% los precios del mercado mayorista”.

En la propia nota Madrid admite que no tiene competencias directas sobre la gestión en materia energética o el diseño estratégico del mapa específico, pero remarca que “la crisis energética puede afectar al crecimiento económico y al bienestar social de la región”.