“Mientras la gente se moría, su pareja hacía fraude fiscal para agrandar sus beneficios en 350.000 euros y su hermano se embolsaba 234.000 euros por contratar con la Comunidad”, ha afirmado Bergerot en declaraciones remitidas a los medios, recoge Europa Press.
Juan Lobato, por su parte, ha querido trasladar su “total confianza en la justicia y en la Agencia Tributaria a la que pertenezco profesionalmente”. “Antes de pedir responsabilidades a la señora Ayuso”, ha continuado el dirigente socialista, “le voy a exigir que hoy mismo dé todas las explicaciones necesarias”.
“Que nos diga si sabía o no algo de todo esto y de cómo ha podido beneficiarle”. En este sentido, ha preguntado si “la compra de ese piso de 1 millón de euros –que adquirió recientemente Ayuso con su pareja– ha podido realizarse en parte con dinero defraudado a todos los españoles”, ha defendido. “Que salga, que dé la cara con transparencia y normalidad”, ha remarcado.
Mónica García: “Se iban a forrar igual”
Asimismo, la ministra de Sanidad y ex líder de Más Madrid, Mónica García, ha reaccionado a la denuncia contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso. “Se iban a forrar igual”, ha publicado en su cuenta de X, en alusión a la justificación de la presidenta autonómica a su veto a trasladar a mayores de residencias a hospitales en pandemia.
El delegado del Gobierno en la región, Francisco Martín, ha recordado que “pagar los impuestos que te correspondan también es cumplir con la Constitución (Art. 31)”. “Sanidad, educación, seguridad, dependencia… Servicios públicos a los que el liberalismo debilita y el fraude mata”, ha señalado en su perfil de X antes de urgir a Ayuso a explicar si “lo sabía”.
Tal y como ha adelantado Eldiario.es, la Fiscalía Provincial de Madrid ha pedido la imputación de la pareja de la presidente de la Comunidad de Madrid por dos delitos de fraude fiscal en el impuesto de sociedades: 155.000 euros en 2020, 196.000 en 2021. A esto habría que sumar otro presunto delito falsedad documental por presentar facturas falsas de sociedades externas que permitían a Alberto González rebajar los beneficios que habían conseguido sus empresas.
