Asociaciones denuncian la falta de trasparencia del Ministerio de Cultura en cuanto a la Directiva Europea de Copyright

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Asociaciones del mundo del acceso al conocimiento libre denuncian que el Ministerio de Cultura no está siendo transparente con la traslación de la Directiva Europea de Copyright a la legislación española. La Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística (FESABID), Creative Commonis España, Interferencias, Xnet y Wikimedia España consideran que la población tiene que poder acceder a toda la información de forma libre y gratuita, y que para ello, el ministerio debería escuchar a las comunidades que representan para la creación de la ley.

La directiva europea fue aprobada en 2019 y la cartera dirigida por el ministro José Manuel Rodríguez Uribes tenía como plazo para su traslado hasta junio de 2020, fecha que según Cultura, se prevé cumplir. “Nos sorprende la falta de información en España. Hubo una consulta pública a finales de 2019 pero desde entonces no tenemos ningún tupo de noticia sobre el proceso”, detalla Virginia Díez, responsable de comunicación de Wikimedia España y recuerda que se pusieron en contacto con el Ministerio de Cultura, pero que no recibieron respuesta.

Fruto de la preocupación de estas asociaciones hoy ha tenido lugar un acto en el que han analizado los retos y las oportunidades de la Directiva Europea de Copyright. Poniendo el hincapié en cómo podrá afectar a los usuarios.

Para Ignasi Labastida de Creative Commons España lo más preocupante son los artículos de la propuesta europea sobre minaría de datos y textos. “La minería es el derecho a leer”, resalta Labastida. “Tenemos miedo a que limiten esto. No a que se ponga límites a las obras en sí, si no que solo se pueda hacer un tipo de obra”, reclama. Según él, otro de los puntos relevantes es que la ley debería permitir el acceso remoto, algo que se ha visto puesto en valor por la pandemia del covid-19, en la que muchos investigadores no podían acceder a sus puestos. En cuanto a los ciudadanos, Labastida considera que la minería de datos no solo sea realizada por expertos y que no haya ninguna condicionante a la difusión de los datos.

Otro de los puntos de esta directiva que han querido destacar en el acto, es la distribución del patrimonio cultural en contraposición con los derechos de autor. El artículo 7 del proyecto asegura que los derechos de autor no pueden impedir la adaptación de las obras. “Tenemos obras fuera del circuito comercial porque los titulares de sus derechos son casi imposibles de encontrar y sin ellos no se pueden distribuir”, remarca Ariadna Matas de (FESABID). Para ella, las obras digitalizadas a las que puede acceder el público son la punta del iceberg.

Por su lado, Lorena Sánchez de Interferencias ha querido destacar, lo que para ella, es una buena noticia. “Es la primera vez que se intentan proteger los derechos de una obra de dominio público”. Gracias a este artículo 14, al reproducir una obra de domino público, por ejemplo, haciendo una fotografía de la misma, la reproducción no podrá tener derechos de autor, algo que sucede actualmente en España. “Es uno de los artículos que más alegrías nos da y es muy importante porque ha sido fruto de la petición de la sociedad civil”, expresa Sánchez.

Por último, han expresado su gran miedo al artículo 17, al que han calificado de ser una de las “mayores aberraciones de este siglo”. “Se podrían comparar con la lista de los libros prohibidos de la Inquisición”, comenta Simona Levi de Xnet. Por medio de este apartado, los proveedores de servicios de plataformas tendrán que poner un filtro previo a la subida que analice si el contenido tiene derechos de autor o no. “Un filtro previo producirá un gran impacto en la libertad de expresión”, denuncia. “Se hará por medio de un algoritmo y acabaremos viendo solo gatitos en Internet. La distribución del conocimiento tiene que estar protegida”.

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