Así se reconstruirá la Sanidad tras el Covid-19

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Así se reconstruirá la Sanidad tras el Covid-19

Los partidos debaten en el seno de la Comisión para la Reconstrucción el futuro del sistema sanitario sobre la base del borrador presentado por PSOE y Unidas Podemos.

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Los trabajos de la Comisión para la Reconstrucción llegan a la recta final. Tras las múltiples comparecencias que han tenido lugar estas últimas semanas, los partidos afrontan el debate sobre las conclusiones que deben salir de este órgano. Entre ellas, el futuro de la Sanidad tras el Covid-19. Sobre la mesa, el borrador presentado por PSOE y Unidas Podemos, que servirá de base para el documento final que saldrá de esta comisión, y que se sumará a los grupos de trabajo relativos a la Reactivación Económica, Unión Europea y Políticas Sociales y Sistema de Cuidados.

Con la vista puesta en la reconstrucción del país tras la pandemia de coronavirus, un papel muy importante será el que jueguen las propuestas sobre Sanidad. Todo el mundo coincide en que esta crisis ha evidenciado tanto las fortalezas como las debilidades del sistema sanitario. De ahí la necesidad de tomar cartas en el asunto. Para ello, los dos partidos que conforman el Gobierno abogan por toda una serie de medidas que pasan, principalmente, por dotar a este sector de los recursos (tanto personales, como económicos y tecnológicos) suficientes para hacer frente a cualquier rebrote.

El borrador de PSOE y Unidas Podemos resalta la necesidad de acabar con la precariedad y temporalidad en el sistema sanitario público, “que tan negativamente afectan al personal, pero también a los pacientes”. Así, plantea establecer “instrumentos de gestión de recursos humanos y modelos retributivos suficientes que incentiven adecuadamente a los profesionales sanitarios”, a quienes hay que garantizar “un nivel de vida digno”. “No se puede tener un servicio de salud de primera categoría con retribuciones de tercera”, advierten.

Además, proponen “mecanismos e incentivos” para “recuperar a muchos profesionales sanitarios que emigraron durante los años de la crisis económica”, revisar el número y el tipo de profesionales que configuran las actuales plantillas y aumentarlas para situarlas en la media de los países desarrollados. Otra de las medidas incluidas es la de poner en marcha un “plan de recuperación por síndrome de ‘burnout’ o síndrome de estrés postraumático” de los sanitarios tras el Covid.

La Atención Primaria acapara gran parte de las propuestas de socialistas y morados, que señalan que “precisa una inyección rápida e inteligente de recursos humanos y también tecnológicos”, y ven necesaria su reordenación para “atender los centros sociosanitarios y para una mejor coordinación con los servicios sociales”.

Respecto a la Salud Pública, sostienen que hay que reforzarla, “implementando con urgencia las mejoras que sean precisas para dotar a la vigilancia epidemiológica de instrumentos y tecnologías que faciliten sistemas de alerta precoz y respuesta rápida, con un funcionamiento continuo e ininterrumpido las 24 horas del día”. A esto hay que añadir un Plan de Emergencias frente a epidemias y otras crisis sanitarias e “incorporar la seguridad sanitaria como parte de la seguridad nacional”, así como una red nacional de depósitos de reserva de material sanitario “estratégico”, como EPIs, sustancias desinfectantes o camas de UCI.

Sobre las residencias, en este borrador se aboga por actuar para que los servicios de Atención Primaria “atiendan plenamente a todas las personas que viven en centros residenciales, adaptando la organización y prestación de la atención médica y de enfermería a las necesidades y circunstancias de las personas en cada tipo de residencia”.

Las propuestas de otros partidos

Este texto servirá de base para las conclusiones en materia de Sanidad, pero no ha sido el único presentado en este grupo de trabajo de la comisión. PP o Ciudadanos, entre otros, han planteado los suyos, aunque el de PSOE y Unidas Podemos fue el más votado y por eso será sobre el que se trabaje. De los mencionados documentos de la oposición saldrán muchas de las enmiendas que se presenten, y que serán debatidas y votadas la próxima semana.

El PP reclama un Pacto de Estado en Sanidad, que ha bautizado como ‘Pacto Cajal’, que pasa, además de por reforzar la capacidad asistencial, por una recuperación de la actividad mediante la reprogramación de consultas, de las intervenciones quirúrgicas o la práctica de pruebas diagnósticas aplazadas. Asimismo, aboga por crear una Agencia Nacional de Salud Pública y Calidad Asistencial.

Los populares también plantean la atención coordinada a las personas que han padecido la pandemia y a sus familias a través de una Oficina de Atención a las Víctimas del Covid, que haya mejoras organizativas en la Atención Primaria y dar estabilidad en el empleo y una mejor política retributiva para los sanitarios. Mayor número de enfermeras o el “retorno” de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición a la estructura orgánica del Ministerio de Sanidad son otras de las reclamaciones del partido que lidera Pablo Casado, que también pone en el foco a los veterinarios. En concreto, el PP aboga por la participación en la red de vigilancia epidemiológica de los veterinarios, “dada la estrecha relación entre la salud humana, la salud animal y el respeto al medio ambiente, bajo el concepto ‘One Health’ y en la prevención de epidemias y epizootias”.

En cuanto a Ciudadanos, los naranjas quieren aprobar de manera urgente una estrategia que permita al Sistema Nacional de Salud “afrontar con todas las garantías” los casos de coronavirus, así como abordar posibles rebrotes de la pandemia, y que cada centro sanitario cuente con planes de contingencia. La formación de Inés Arrimadas también reclama que se ponga en marcha una “Red de Centros Hospitalarios de Emergencias a lo largo del territorio nacional, conformada por infraestructuras sanitarias habilitadas para ser puestas en funcionamiento” de forma urgente si fuese necesario, y “reforzar los canales de comunicación e interlocución con la Sanidad privada”.

Otra de sus medidas pasa por la constitución de un “Cuerpo de Reserva de Personal con Capacitación Sanitaria, formado por personal con formación sanitaria, como personal sanitario jubilado o no ejerciente, con activaciones periódicas, y capacidad para de ser movilizado en caso de emergencia sanitaria como refuerzo del personal sanitario en activo”. Esto es, precisamente, lo que se hizo en Madrid, donde la presidenta Isabel Díaz Ayuso tiró de jubilados y estudiantes para reforzar las mermadas plantillas.

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