La organización internacional ha indicado que las autoridades saudíes han sentenciado o ratificado sentencias contra trece personas tras unos juicios «totalmente injustos» por parte del Tribunal Criminal Especializado (SCC).
«En cuanto el foco del G20 en Arabia Saudí se diluyó, las autoridades reiniciaron su encarnizada persecución de personas que se atreven a expresar sus opiniones libremente o critican al Gobierno», ha lamentado la subdirectora de Amnistía Internacional para Oriente Próximo y Norte de África, Lynn Maalouf.
«En un caso, el SCC sentenció a un trabajador humanitario a una indignante pena de 20 años de prisión por un simple tuit en el que expresó críticas a las políticas económicas», ha detallado, antes de agregar que «el breve alivio en la represión coincidiendo con que Arabia Saudí acogió la cumbre del G20 en noviembre del año pasado indica que cualquier ilusión de reforma era una campaña de relaciones públicas».
Amnistía Internacional ha apuntado además que las autoridades no han publicado información sobre el impacto de una serie de reformas prometidas por el príncipe heredero, Mohamed bin Salmán, para «impulsar los principios de justicia», «reforzar la transparencia» y «proteger los Derechos Humanos».
Asimismo, ha hecho hincapié en que los juicios ante el SCC son «intrínsecamente injustos» y ha añadido que en muchos casos los acusados estuvieron detenidos en aislamiento durante meses y sin acceso a los abogados, tras lo que las sentencias son emitidas a raíz de «confesiones» extraídas bajo torturas.
La ONG ha puesto como ejemplos las condenas contra el activista Israa al Ghomghan –sentenciado a ocho años de cárcel y una prohibición de viaje de ocho años– por participar en protestas y Mohamad al Rabiá, quien apoyó la campaña a favor del derecho de las mujeres a conducir, condenado a seis años de cárcel por «intentar alterar la cohesión social y debilitar la unidad nacional».
Por otra parte, ha resaltado que incluso las personas liberadas de prisión hacen frente a prohibiciones de viaje y prohibiciones de escribir en redes sociales, como es el caso de Lujain al Hazlul, Nasima al Sada y Samar Badaui, quienes hacen igualmente frente al riesgo de volver a ser arrestados, dado que las sentencias en suspenso contra ellos no han sido anuladas.
«Los planes de Arabia Saudí para unas reformas limitadas a nivel legislativo y de Derechos Humanos no significan nada mientras las ejecuciones, los juicios injustos y los incansables castigos contra los defensores de los Derechos Humanos, activistas y periodistas continúen», ha dicho Maalouf, quien ha pedido al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que establezca «un mecanismo de supervisión e información sobre la situación de los Derechos Humanos en Arabia Saudí».
«Si las autoridades saudíes quieren mostrar que son serias sobre el respeto de los Derechos Humanos, un primer paso sería liberar de forma inmediata e incondicional a todos los defensores de los Derechos Humanos detenidos únicamente por ejercer sus derechos humanos, garantizar que sus condenas son anuladas y que el resto de penas son retiradas», ha zanjado.
