Anticorrupción rebaja de 22 a 7 años su petición de cárcel para Correa

La Fiscalía ha presentado sus conclusiones sobre la pieza valenciana de la trama Gürtel con sustantivas ‘rebajas’ en las peticiones de cárcel para los imputados que confesaron la financiación ilegal del PP de Francisco Camps. Anticorrupción pide 4 años y tres meses de prisión para Ricardo Costa, exsecretario general de los populares valencianos.

El Ministerio Público considera probada la financiación ilegal del partido en al menos tres citas electorales: se financió a través de una red de empresarios contratistas con la administración que pagaban actos de campaña del PP, por servicios de empresas de la Gürtel, a cambio de adjudicaciones públicas en la región.

Costa confesó los hechos, lo que le ha valido una rebaja de más de tres años en la petición de cárcel de la Fiscalía: antes solicitaba 7 años y medio, que se han quedado en cuatro años y tres meses por delito electoral en las autonómicas y municipales de 2007 y en las generales de 2008 además de por delito continuado de falsedad documental en 2007 y 2008.

“Es cierto que el PP se financiaba con dinero negro en la campaña electoral del 2007”, admitió en la Audiencia Nacional, explicando que los actos de las campañas del PP se pagaban “de dos formas: en primer lugar con la subvención electoral que todos los partidos con representación en las Cortes recibían en función de sus votos y escaños en las pasadas elecciones, y en el caso del PP, con aportaciones en efectivo de empresarios que tenían adjudicaciones con el Gobierno valenciano».

Pero a quien mejor resultado le ha dado la confesión es a Francisco Correa, considerado el líder de la trama corrupta, para el que inicialmente la Fiscalía pedía 22 años de cárcel que se han quedado en una petición de siete años y nueve meses. Le aplica atenuante de confesión por reconocer que el PP de Camps pagó en negro a la trama Gürtel. El cabecilla declaró que fue el PP quien tuvo la iniciativa en la creación de la red de financiación ilegal y afirmó que el partido que dirigía Francisco Camps obligó a sus sociedades a facturar irregularmente trabajos de las campañas electorales de 2007 y 2008 a otras empresas.

El Ministerio Público también rebaja la petición de pena para el número ‘dos’ de Correa, Pablo Crespo de 22 a 13 años y medio de prisión y al responsable de responsable de Orange Market, Álvaro Pérez ‘El Bigotes’ de 27 a 16 años y medio de cárcel. Atribuye a todos ellos los delitos electoral de las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y generales de 2008, delito continuado de falsedad documental, delitos contra la Hacienda Pública por defraudación del IVA y del Impuesto de Sociedades y por defraudación tributaria (IRPF).

Desde la instrucción al juicio oral, nueve empresarios implicados en la trama pactaron con la Fiscalía y “reconocieron los hechos de los que se les acusa y aportaron justificantes de abono de las cuantías reclamadas para garantizar las responsabilidades pecuniarias derivadas de los hechos”, explica el Ministerio Público, por los que les aplica atenuante de confesión.

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