Amnistía Internacional denuncia en su nuevo informe Abandonadas a su suerte que las medidas adoptadas en Madrid y Cataluña han sido insuficientes para responder al coronavirus y que han vulnerado al menos cinco derechos humanos de las personas mayores residentes.
Para Amnistía se habrían violado los derechos a la salud, a la vida privada y familiar, a tener una muerte digna y a la no discriminación de los ancianos en las residencias desde que comenzó en marzo la pandemia.
Además, valoran que no se han cambiado las disposiciones que regulan estas prácticas, que hoy siguen videntes. Tampoco, se habrían tomado las medidas suficientes de refuerzo de personal para atender las necesidades que puedan surgir.
Según los datos ofrecidos por la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM), desde el 8 de marzo al 1 de mayo, hubo 5.828 personas fallecidas con coronavirus o sintomatología compatible en las residencias, lo que supone un 43,46% del total de muertes hasta esa fecha en la CAM.
Amnistía considera que el desmantelamiento del sistema sanitario se ha manifestado en Madrid y Cataluña en la atención a los mayores durante la primera ola de varias formas. Una de ellas en la falta de protección del personal que allí trabaja, que no contaban con EPIs ni pruebas PCRs. Por otro lado, porque las personas residentes quedaron excluidas de la derivación hospitalaria de manera generalizada y tampoco recibieron la atención que necesitaban en las residencias.
La restricción que supuso el encierro “de facto” en las residencias acompañado en la mayoría de los casos del confinamiento en sus cuartos por tiempo indefinido, añadido a la falta de supervisión por parte de las autoridades estatales (Fiscalía) y autonómicas (servicios de inspección) supuso una vulneración de los derechos a la vida privada y familiar de las personas mayores simplemente por su lugar de residencia.
“Una emergencia sanitaria no es excusa para no atender adecuadamente a las personas mayores. Las residencias no son aparcamientos de gente mayor. Los derechos humanos, incluido el derecho a la salud, no puede depender del grado de dependencia. Las autoridades deben protegerlos”, asegura el director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán.
Por último, destacan que ante la segunda ola se deben adoptar medidas urgentes para garantizar que cualquier decisión que se tome para combatir la pandemia respete los derechos humanos. Además, consideran que deben eliminarse las disposiciones discriminatorias de los protocolos de derivación de Cataluña y Madrid.
A largo plazo, piden que al Gobierno que impulse la tramitación de una ley estatal que establezca un modelo residencial que garantice los derechos de las personas residentes en todo el país.
