Los análisis llevados a cabo por la propia Amnistía, que ha examinado la ola de movilizaciones iniciada tras la muerte de Amini el 16 de septiembre, ha detectado un uso indiscriminado de la fuerza por parte de la Policía, que ha recurrido a fuego real y perdigones, así como a palizas contra manifestantes.
La organización también incluye dentro de este patrón de abusos casos de violencia sexual contra mujeres y el cierre deliberado de los servicios de Internet, que ha limitado la posibilidad de la población de comunicarse en un momento clave.
La secretaria general de Amnistía, Agnès Callamard, ha subrayado que «no e deben ignorar las voces de los ciudadanos valientes de Irán que piden a gritos desesperadamente apoyo internacional», en un contexto de «impunidad sistemática» y de represión sobre cualquier atisbo de disidencia.
Las últimas protestas, en las que las mujeres han tenido un gran peso, «han desencadenado una revuelta nacional sin precedentes», a juicio de Callamard, que pide algo más que «palabras vacías» para que la violencia termine ya y sus responsables rindan cuentas. «Un mecanismo internacional debe investigar urgentemente la muertes de manifestantes», ha subrayado.
Un testigo que participó el pasado domingo en una movilización en Teherán ha contado a Amnistía que los policías dispararon contra los manifestantes y les propinaron todo tipo de golpes. «Las fuerza de seguridad no se apiadaron de nadie», ha señalado.
