“La ausencia de mecanismos y procedimientos adecuados para saber la verdad sobre lo ocurrido en las residencias de mayores durante la pandemia continúa hoy en día”, afirma esta organización de derechos humanos, que advierte de que “no hay perspectivas de que vaya a cambiar”. La propia Amnistía documentó cinco violaciones de derechos humanos cometidas contra las personas mayores residentes “y nadie ha rendido cuentas por ello”.
En concreto, por vulneración del derecho a la vida, a la salud, a la no discriminación, a la vida privada y familiar y el derecho a una muerte digna. “Es más, la situación podría repetirse hoy en día si la pandemia se recrudeciera y se decretara un nuevo estado de alarma”, apunta Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España.
“Me he sentido abandonada, decepcionada y algo que no podré entender nunca: cómo una sociedad puede participar una masacre de estas características, única en la democracia, y que aún nadie haya tomado medidas para que se haga justicia y, sobre todo, para que nunca más se vuelva a repetir”, señala Mercedes Huerta, familiar de una de las víctimas de las residencias madrileñas durante la primera ola de la pandemia y miembro de la Plataforma Verdad y Justicia, recoge la citada organización.
Según Amnistía, las autoridades “han incumplido su obligación de investigar de forma exhaustiva y adecuada” las vulneraciones de derechos humanos sufridas por las personas mayores que residían en las residencias, “así como el acceso de las víctimas y sus familiares a un recurso judicial que sea efectivo”.
“El abandono sufrido por las familias y la impunidad son patentes en seis instituciones del estado”. Tal y como sostiene Beltran, “ni Gobierno central ni autonómico, ni Congreso de los Diputados, ni la Fiscalía General del Estado ni Defensoría del Pueblo ni el Consejo General del Poder Judicial han hecho los deberes para modificar esta situación y resarcir a las víctimas cuyos derechos han sido violados”.
Amnistía Internacional critica la “opacidad” de la Fiscalía General del Estado ya que, tres años después del inicio de la pandemia, “no existen datos de acceso público del total de diligencias penales en las que la Fiscalía ha intervenido, ni en qué ha consistido su actuación”. “Tampoco existe información para saber en cuántas de ellas se ha solicitado declaración de las familias, o en cuántas se ha planteado la reapertura por una insuficiente investigación previa”, continúa. Únicamente, detalla, la Fiscalía ha emitido dos oficios solicitando información a las fiscalías provinciales el pasado febrero y octubre, “sin que por el momento se hayan hecho públicos informes de datos o actuaciones derivadas de las mismas”. “Los datos publicados hasta el momento son parciales, y corresponden a información que alguna de las fiscalías provinciales incluye en sus memorias anuales y no a un ejercicio de Fiscalía General de tener un mapa completo de lo sucedido”.
Para Amnistía “el único paso positivo es que el oficio remitido por Fiscalía el pasado octubre pedía garantizar que las familias fueran escuchadas en las investigaciones aún abiertas, así como asegurar que los y las fiscales asisten a la toma de declaración de familiares, personas investigadas y testimonios relevantes”. No obstante, la medida “resulta limitada si no incluye también los casos archivados en su momento, que deben reexaminarse y valorar si se investigó lo suficiente”.
“Las autoridades, de perfil o poniendo obstáculos”
Esta organización también deja claro que “las autoridades no pueden excusarse en sus mayorías parlamentarias para evitar cumplir con sus obligaciones de derechos humanos con las 35.000 personas mayores que han fallecido y sus familias”. Así afea que “a nivel autonómico los intentos han sido obstaculizados de forma generalizada por los partidos gobernantes, sin importar el signo político”.
También arremete contra el Defensor del Pueblo, que no haya tenido “un papel activo investigando lo sucedido”, y contra el Consejo General del Poder Judicial, que “tampoco ha realizado seguimiento sobre si estas víctimas están consiguiendo acceso a la justicia como indican las normas internacionales”.
Dicho esto, pide al Gobierno un acto público de reconocimiento de lo sucedido a las víctimas en el que “se comprometa a buscar la verdad y garantizar la justicia y la reparación para todas ellas”. “Las autoridades pretenden pasar página sobre lo sucedido, sin tener en cuenta que la verdad, memoria, justicia y reparación son imprescindibles para que algo similar no vuelva a suceder y se garanticen los derechos humanos”, sostiene Beltrán.
En este escenario Amnistía Internacional hace alusión al nuevo modelo residencial que se aprobó el pasado junio. En su opinión, el acuerdo alcanzado tiene “algunos aspectos positivos como el establecimiento de unos criterios comunes de recursos materiales y ratios de personal; asegurar la dignidad de trato y del ejercicio de derechos de las personas usuarias; formación continua del personal de cuidados, o programas de inclusión de perspectiva de género del personal”. Sin embargo, “podría mejorar en cuestiones como la coordinación con los servicios de asistencia sanitaria del sistema público de salud o la recogida unificada de datos”.
