“Quitan los derechos a personas y familias que lo necesitan para dárselo a rentas que pueden costear esos estudios de sus hijos”, ha lamentado Alegría en una entrevista en TVE recogida por Europa Press.
La titular de Educación ha mencionado, además, que, según los datos del INE, el salario medio de la Comunidad de Madrid es de 28.000 euros, y ha acusado al PP de estar “despegado de la realidad” cuando habla de “rentas de más de 100.000 euros como rentas de clase media o clase trabajadora”.
Respecto a los libros de texto para el próximo curso escolar, Pilar Alegría ha acusado al PP de “despreciar” a las editoriales y a la autonomía de los profesores y ha recordado que “no es obligatorio” su uso en las aulas.
“Los libros de texto es material que los profesores utilizan voluntariamente, hay profesores que deciden usar libros de texto y otros otro tipo de material curricular”, ha explicado la ministra.
Por ello, considera que “la campaña que ha realizado el PP poniendo en cuestión la veracidad y el criterio científico” de quienes elaboran dichos manuales “es una muestra más del desprecio que mantiene por las editoriales y de las profesoras que, desde su autonomía, deciden qué libro de texto utilizar o no”.
Según ha explicado la ministra, las editoriales “están empezando a trabajar en los libros de texto porque tiene que ser actualizados por una nueva Ley de Educación que este año va a tomar carta de naturaleza en todas las escuelas”. Ha aprovechado, además, para lanzar un mensaje de tranquilidad a los jóvenes y las familias de cara al inicio del curso escolar.
Respecto a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSC) de suspender la aplicación de la sentencia del 25% del castellano, Alegría ha pedido “prudencia” al no haber recibido aún la providencia.
“Cuando llegue al Ministerio de Educación y la podamos valorar, la trasladaremos al TSJC. Con este tema hay que actuar con prudencia y que se nos permita conocer el contenido del mismo”, ha explicado Alegría al ser preguntada por la posibilidad de que el Gobierno recurra al Constitucional.
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