José Manuel Villarejo, excomisario de policía
El juzgado de Instrucción número 4 de Madrid ha incoado diligencias para investigar los hechos que expone la querella de la Plataforma X la Honestidad contra los comisarios jubilados José Manuel Villarejo y Eugenio Pino, el periodista y director de Okdiario Eduardo Inda y el inspector de policía José Ángel Fuentes Gago, que les acusa de pertenencia a “grupo criminal”.
El colectivo informa hoy de que la justicia admite a trámite la denuncia por supuestos delitos de obstrucción a la justicia, encubrimiento, calumnias e injurias continuadas a agentes de la autoridad por hechos concernientes al ejercicio de sus cargos, revelación de secretos, y grupo/organización criminal de estos miembros de la cúpula policial de Interior, a los que se suma Inda.
En la misma resolución del juzgado, se atiende a la conexión de los hechos en torno a las investigaciones por las llamadas ‘cloacas de Interior’ con la “operación Nicolay”. Según la plataforma, están “íntimamente ligados por presuntamente haberse cometido con ocasión y motivo de dicho procedimiento”.
Este colectivo presentó la querella por acoso laboral y represalias judiciales contra algunos de los funcionarios policiales a los que se encargó investigar los posibles delitos en las altas esferas de policía e Interior.
La Plataforma X la Honestidad denuncia que estos policías y periodistas contra los que se querella han venido protagonizando conductas intimidatorias, presiones e injerencias en el trabajo de los investigadores, les acusan de abuso del cargo y también de difamaciones en medios de comunicación para influir en el resultado de las investigaciones en torno a las ‘cloacas de Interior’ y al caso que acabó con la detención del ‘pequeño Nicolás’.
El colectivo denuncia que desde que la magistrada Pilar Martínez Gamo ostenta la titularidad del Juzgado de Instrucción 2 de Madrid, este último el procedimiento “se encuentra paralizado, al haberse negado en el mes de julio de 2017 a la práctica de diligencias acordando disolver la comisión judicial compuesta por los investigadores policiales y denunciantes de corrupción que por ello han sido acosados”.
Critican que “hasta la fecha no se han resuelto los recursos que se formularon contra dichas resoluciones, inactividad y negativa a la investigación de hechos que ha motivado a la PLXH a la interposición de la querella criminal, habida cuenta de la gravedad de los mismos y a fin de evitar su impunidad”, además de la interposición de una queja frente a la juez para la apertura de expediente disciplinario, por la cual el Consejo General del Poder Judicial ha resuelto incoar diligencias para su resolución.
La plataforma recuerda que avanzar con el proceso requiere de medios y pide a la ciudadanía apoyo para sufragar los gastos jurídicos e incluso posibles fianzas.
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