El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha admitido a trámite un recurso de Greenpeace sobre la vulneración del derecho a la libertad de expresión después de que el Gobierno haya denegado dos peticiones de información relativas a la autorización de operaciones de exportación de armas a países involucrados en conflictos armados.
“El Gobierno (como hace de forma sistemática) hizo uso de la todavía vigente ley franquista de Secretos Oficiales”, denuncia esta organización, para denegarle el acceso a la información solicitada. Lo que impidió a la organización “conocer si las autorizaciones que está concediendo el Gobierno a la industria para exportar armas a países involucrados en conflictos bélicos, como Arabia Saudí en el conflicto de Yemen, incumplen la ley española de control de comercio de armas, así como el Tratado Internacional de Comercio de Armas”.
Según destaca Greenpeace, “el acceso a la información es parte integrante del derecho fundamental a la libertad de comunicar o recibir libremente información veraz, reconocido en el famoso artículo 20.1.d) de la Constitución”. “Esta premisa jurídica ha sido reconocida por el TEDH en su jurisprudencia, y con este procedimiento judicial”, la organización busca “que los Tribunales españoles incorporen esta doctrina internacional, que reconoce que el derecho de acceso a la información es un derecho instrumental y accesorio del derecho a la libertad de expresión e información”.
“El Gobierno español deniega sistemáticamente la información referida a la exportación de armas, clasificada como secreta, en aras de proteger la seguridad nacional”, lamenta. Algo que “es inadmisible en una democracia cuando está en juego el respeto de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario”, ha declarado Lorena Ruiz-Huerta, abogada de Greenpeace.
El juzgado ha dado un plazo de ocho días a la organización para presentar la demanda. “La obtención de una sentencia favorable en este procedimiento, constituiría un hito histórico en el control del comercio de armas españolas, cuyo secretismo oficial impide el control de la legalidad, y aumenta el riesgo de que armas españolas se utilicen ilegalmente en la comisión de violaciones graves del derecho internacional”, destaca.
