Conviene recordar que el Real Decreto-ley 8/2023, publicado ayer, incluye la prórroga durante 2024 de los dos gravámenes temporales para el sector energético y de entidades de crédito y contempla la futura revisión de ambas figuras para su plena integración en el sistema tributario.
Sobre la banca, la asociación asegura que ha «verificado» –a falta de los datos del último trimestre– que entidades como Sabadell, Bankinter o CaixaBank «acumulan más beneficios en nueve meses que en todo 2022», todo ello a pesar de «haber liquidado el impuesto temporal del que tanto se quejaba la banca española».
Con respecto a BBVA o Santander, señala que aun no han llegado a alcanzar los beneficios de 2022, pero los datos recopilados hasta ahora «permiten afirmar que batirán récords de resultados también».
Por lo tanto, Adicae afirma que las entidades bancarias «no sufren apenas por este impuesto, que resulta claramente insignificante para su solvencia, pero que, al menos, palia la deuda moral que aún mantiene el sistema financiero español para con los consumidores, al deber aun a la ciudadanía más de 50.000 millones de euros de la anterior crisis».
Sobre el impuesto a las energéticas, Adicae también valora de forma positiva el mantenimiento del mismo, así como la intención de hacerlo permanente, y a pesar de las declaraciones de algunas compañías y patronales del sector realizadas los días previos al Consejo de Ministros del pasado martes, donde han pretendido «chantajear» al Ejecutivo «arguyendo una supuesta falta de estabilidad fiscal».
No obstante, recuerda la modificación de la Ley General de Presupuestos para que estas empresas se puedan deducir en 2024 las inversiones vinculadas con proyectos industriales y de descarbonización. «Adicae espera que se traduzca en precios de la energía más reducidos para los usuarios españoles al ser la energía verde mucho más barata de producir que la que proviene del carbón o de la quema de gas», añade.
Por todo ello, la asociación afirma que seguirá apoyando todas aquellas medidas que, independientemente de quien las lleve a cabo, «amparen, amplíen, favorezcan o defiendan» los derechos de los consumidores.
