El exministro de Transportes José Luis Ábalos en una comparecencia en la comisión del Senado. (Foto: Senado)
La defensa del diputado ha pedido revocar la decisión de enjuiciarlo mediante un tribunal de magistrados y ha reclamado que el procedimiento se tramite conforme a la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, según un escrito al que ha tenido acceso Europa Press.
El planteamiento se apoya en que varios de los delitos imputados a Ábalos están expresamente previstos para ser juzgados por ciudadanos.
La defensa sostiene que los delitos principales atribuidos al exministro son competencia directa del jurado popular
En su escrito, la defensa subraya que tres de los delitos imputados —cohecho, tráfico de influencias y malversación— están incluidos en el listado de infracciones que, según la ley, deben ser enjuiciadas por un jurado popular.
Por el contrario, señala que solo dos delitos del escrito de acusación —organización criminal y uso de información privilegiada— no son propios del conocimiento del jurado.
La defensa argumenta que, dado que el peso principal de la causa recae sobre delitos atribuibles al jurado, estos deben “arrastrar” al resto y no al revés.
Solo dos de los delitos imputados quedarían fuera del ámbito del jurado, según el escrito presentado ante el Supremo
El escrito reconoce que Ábalos es aforado y que, por tanto, la competencia corresponde al Tribunal Supremo, pero defiende que esto no impide la celebración del juicio con jurado popular.
Según la defensa, la ley prevé que el jurado pueda constituirse también en tribunales competentes por razón del aforamiento, sin que ello suponga una pérdida de competencias del alto tribunal.
En ese caso, el Supremo actuaría con una configuración especial, integrada por un magistrado-presidente y nueve jurados populares.
La defensa afirma que el Supremo puede juzgar con jurado sin perder su competencia legal
Para reforzar su petición, Ábalos cita como precedente el caso del expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps, juzgado por la supuesta aceptación de regalos.
En aquel procedimiento, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana se declaró competente y acordó la tramitación de la causa conforme al procedimiento del jurado popular.
La defensa recuerda que aquel juicio concluyó con una sentencia absolutoria, tras celebrarse con jurado pese al aforamiento del acusado.
Ábalos se convirtió en el primer diputado nacional en ejercicio que ingresa en prisión provisional y se enfrenta a peticiones de hasta 30 años de cárcel, una cifra que corresponde a la suma de las penas solicitadas por los distintos delitos imputados en el procedimiento.
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