El colectivo pide a Carmena que reconsidere su normativa al no permitir acogerse a una vivienda pública a familias que han tenido que ocupar y a personas no empadronadas los dos últimos años La propuesta de modificación del reglamento de la Empresa Municipal de Vivienda (EMV) que Ahora Madrid quiere impulsar no ha satisfecho a algunos colectivos. Es el caso de la Marea Granate. La plataforma ha emitido una carta a Manuela Carmena, Purificación Causapié, Marta Higueras y Mercedes González en la que hacen un llamamiento al diálogo público y reucerdan que el texto del Ayuntamiento “no garantiza el derecho a la vivienda”.
Son varios los errores que ha encontrado la Marea Granate en el nuevo reglamento. Entre los que destacan como “especialmente injusto” el denegar la posibilidad de inscribirse a recibir una vivienda social a aquellas personas que no estuvieran empadronadas en Madrid los últimos dos años. “No puede vetarse que las personas que han tenido que migrar, debido a la crisis, se inscriban como demandantes de vivienda social”, denuncia la misiva enviada a las políticas. Este colectivo pide que se reconozca el municipio de inscripción en CERA y que cuente para solicitar el acceso a vivienda pública.
No obstante, no es el único déficit que ha identificado el colectivo. La Marea Granate ve como un error que tampoco se incluya como solicitantes a aquellas personas que están habitando una vivienda pública de forma irregular en el momento de la solicitud, así como aquellas que tengan derecho de uso en otra vivienda en el Estado. Algo que critican al entender que damnifica a “las víctimas de la privatización de la vivienda pública”.
“Muchas de estas familias se encuentran inmersas en procesos de desahucio, y en situación de máxima vulnerabilidad ante el cambio de sus condiciones contractuales. Y sin duda el ayuntamiento debería admitir responsabilidad directa en esta situación al deberse a la venta fraudulenta de propiedad pública”, ha aseverado la plataforma.
Algo parecido sucede con esas personas que tienen que ocupar una vivienda pública y que tampoco tienen derecho a acogerse al EMV. “Desahuciados, parados y precarios, se han visto obligados a proporcionarse un techo en viviendas que se encontraban vacías, en muchos casos por la pésima gestión de gobiernos anteriores. Estas personas, que se han autotutelado un derecho que desde la Administración debía habérseles proveído, no pueden ser ahora castigadas y condenadas a permanecer en esa situación de por vida, y eso sucederá si no se les permite solicitar una vivienda social, a la cual tienen derecho como seres humanos”, le ha recordado la Marea Granate a Carmena, Causapié, Higueras y González.
Una réplica a la propuesta de Ahora Madrid que ha llevado a que el colectivo buscase todas las vías para que Manuela Carmena repiense su modificación que venga acompañado de “un periodo de debate público del que surja una normativa que garantice, efectivamente y de una vez por todas, el derecho a la vivienda en la ciudad de Madrid”.
