El Gobierno decidirá en los próximos días que dos entidades independientes valorarán las carteras de crédito inmobiliario de los bancos españoles, pero por el momento en los mercados se valoran siete nombres: Deloitte, Roland Berger, PwC, Oliver Wyman, KPMG, Ernst & Young y BlackRock. Todas ellas presentan no pocas incógnitas dado su historial de los últimos años.
De Guindos no dio nombres sobre que entidades realizarán esta valoración, aunque sí matizó que “deberán ser de máximo prestigio y sin conflicto de intereses”. Los expertos de Ahorro Corporación señalan en un comunicado que los elegidos saldrán de una lista compuesta por Deloitte, Roland Berger, PwC, Oliver Wyman, KPMG, Ernst & Young y BlackRock.
No obstante, en el caso de este último podría caerse de la lista, aunque a priori partía como uno de los favoritos tras haber participado en el banco malo irlandés. La razón es que participa en fondos que buscan activos en España. El ministro de Economía y Competitividad, Luis De Guindos, señaló el pasado viernes que el Gobierno nombrará a dos entidades independientes para que valoren las carteras inmobiliarias de las entidades españolas, dentro de la nueva vuelta de tuerca de la reforma financiera.
Entre los nombres que se barajan destaca asimismo Deloitte, en el ojo del huracán durante las últimas semanas después de que la auditora se negara a firmar las cuentas de 2011 de Banco Financiero y de Ahorros (BFA), lo que aceleró la nacionalización de la entidad. Deloitte también ha presentado salvedades a las cuentas presentadas por CatalunyaCaixa y Novagalicia, tal y como ha publicado EL BOLETÍN, aunque en otros tiempos no fue tan quisquilloso. De hecho, aprobó sin rechistar las cuentas de la propia Bankia para su salida a Bolsa.
Una de las grandes favoritas es Oliver Wyman, consultora que no ha estado exenta de polémica desde el inicio de la crisis financiera. Según publica el diario irlandés Independent, la consultora, que ha sido contratada para reorganizar el negocio de Permanent TSB, trabajó en 2005 para Citigroup con el fin de preparar su exposición a obligaciones de deuda colateralizada (CDO), los complejos valores hipotecarios que provocaron la crisis financiera mundial.
La consultora Roland Berger, por su parte, es una de las grandes valedoras del proyecto para crear una agencia de calificación crediticia global de origen europeo, del que se ha hablado en los corrillos financieros durante los últimos meses.
Más conocido es KPMG, que durante años auditó las cuentas de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) sin detectar ninguna irregularidad. De hecho, el auditor responsable de analizar las cuentas de CAM, Javier Muñoz, se ha visto obligado a comparecer en la comisión parlamentaria de las Cortes valencianas sobre la entidad alicantina.
Ernst & Young también aparece en primera línea en las apuestas, más si cabe después de que en diciembre del año pasado ganase la mano precisamente a KPMG para auditar las cuentas de RTVE para los próximos tres años. No obstante, también tiene algunos lunares en su trayectoria, el más claro el de Martinsa Fadesa.
El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (Icac), el organismo público que se encarga de supervisar el sector de la auditoría, anunció el año pasado que multaría a Ernst & Young con 1,1 millones de euros en relación a la revisión de las cuentas de la inmobiliaria del año 2007, que obtuvieron una opinión favorable y sin salvedades. Unos meses después, Martinsa se declaró en quiebra. La auditora recurrió esta sanción.
Más exenta de polémicas ha sido la trayectoria en España de PwC, la mayor firma de servicios empresariales del mundo por volumen de facturación. No obstante, la auditora se encuentra actualmente en pleno litigio con la compañía minorista chilena La Polar, que renegoció unilateralmente unas deudas que la dejaron al borde de la insolvencia. El supervisor del país ha multado a PwC, y éste ha contestado presentando una demanda de indemnización de perjuicios contra La Polar, acusando a la empresa de incumplir los deberes de información que había contraído con ella.
Dos meses
Junto con las quinielas sobre quiénes realizarán la valoración, el Gobierno anunció ayer que será el BCE y no el Banco de España quien supervise este proceso, en un nuevo golpe a la credibilidad del supervisor bancario español. Además, la duración estimada del proceso será de dos meses, en vez de los tres o cuatro inicialmente previsto.
El adelanto del resultado y la implicación el BCE deberían tener consecuencias positivas para la credibilidad de la valoración, según los expertos de Ahorro Corporación.
