Las adjudicatarias del concurso puesto en marcha por la Comunidad de Madrid podrían renunciar a una compensación monetaria por la suspensión de las privatizaciones a cambio de la convocatoria de un nuevo contrato público. ¿Pedirán finalmente indemnización las adjudicatarias de los hospitales que la Comunidad de Madrid quería externalizar? Esa es la pregunta que muchos se hacen desde el pasado mes de septiembre, cuando la Justicia decretó la paralización cautelar de la privatización de hospitales, y aún hoy no hay respuesta. Mucho se ha hablado sobre el tema, y debido a las condiciones en las que se paralizó el proceso (con las adjudicaciones cerradas pero sin haberse firmado los contratos) se dijo que sólo podría haber una indemnización por daños y perjuicios correspondiente a los gastos en los que habían incurrido las empresas para presentarse al concurso, pero ahora las adjudicatarias -Ribera Salud, Sanitas y HIMA San Pablo- podrían renunciar a cambio de la convocatoria de un nuevo contrato público que les fuese provechoso.
Un argumento que ha sido defendido por diversas fuentes jurídicas y que hoy por hoy no resulta tan descabellada, sobre todo ante las últimas informaciones que ha dado el propio consejero de Sanidad madrileño, Javier Rodríguez. El sucesor de Lasquetty ha afirmado que una de las adjudicatarias, Sanitas, ya ha firmado un acuerdo con el Gobierno regional en el que se compromete a no reclamar “absolutamente nada” por la paralización del proceso, y ha asegurado que las otras dos harán lo propio en esta semana.
De esta forma, el Ejecutivo autonómico descarta tener que pagar un solo euro a las empresas privadas que se habían comprometido a gestionar seis hospitales públicos madrileños durante los próximos diez años, y es en este punto, al ver que las concesionarias podrían aceptar un cierre del proceso sin pedir una compensación, cuando muchos se preguntan a cambio de qué lo hacen.
Es por ello que la teoría de la indemnización alternativa cobra fuerza en diversos círculos, en los que no son pocos los expertos que afirman que se trata de una de las opciones más utilizadas en estos casos, en los que no suele hacer una compensación monetaria, sino que se acuerda la convocatoria de otro concurso que puede ser provechoso para la empresa afectada.
