La Justicia al ser independiente no tiene por qué estar sintonizada con la agenda política, pero en el caso de la imputación de Mas parece que si lo ha estado. La Justicia tiene que ser independiente en un sistema democrático, pero a veces en España lo disimula. Nadie que tenga algún conocimiento de derecho dirá que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, no deba dar cuenta ante los tribunales de su decisión de convocar, hace diez meses, un referéndum ilegal sobre la voluntad segregacionista de los catalanes. El hecho estaba agazapado en las montañas de expedientes que se acumulan en los juzgados y ahora acaba de reaparecer entre las convocatorias de acusados a comparecer.
La Justicia al ser independiente no tiene por qué estar sintonizada con la agenda política, pero en este caso parece que si lo ha estado. La noticia de la imputación fue retrasada en la espera de que se celebrasen las elecciones autonómicas del domingo; es decir, que el retraso fue decidido en función de razones políticas y, lo peor es que quien lo reveló ha sido un político, el ministro de Justicia, y no algún portavoz de la Fiscalía o la Magistratura. A los imputados la convocatoria les ha indignado, cosa normal, lo mismo que a sus hooligans. Pero les ha dado razones para seguir calentando el ambiente.
Las elecciones del 27S arrojaron unos resultados bastante claros; la coalición que no encabezaba pero tutelaba desde la retaguardia Artur Mas, ganó las elecciones autonómicas sin mayoría absoluta y perdió sin la menor duda el plebiscito independentista en que se había empeñado en convertirlas. Las cosas estaban bastante claras en espera de que el todavía President consiguiese aglutinar la mayoría necesaria para seguir gobernando la Autonomía. No lo tenía fácil porque uno de los partidos independentistas, la CUP, le negaba el apoyo.
Pero la convocatoria a declarar como imputado justo dos días después de las elecciones y aún en plena digestión de los resultados y el victimismo con que fue acogida, es evidente que ha venido a complicar un poco más el relax relativo en que estaba entrando el problema. Los secesionistas, encabezados por el propio Mas, saben perfectamente que la convocatoria judicial iba a producirse pero ahora, todavía en caliente, les sirve como argumento para acusarla de persecución e intimidación política. Y habrá gente que se lo crea y contribuirá a aglutinar y tal vez a cerrar filas de nuevo entre todos los que luchan por la independencia.
Si la influencia política contribuyó al retraso para no interferir en los comicios, lo cual fue bueno, ahora es evidente que el momento elegido para anunciar la imputación es un error o, cuando menos un contratiempo político. La actuación de la Justicia tiene que gozar de autonomía plena, pero si pudo esperar se pronunciasen sin la imagen de un President camino del banquillo, también parecería lógico que hubiese esperado unas semanas a que el Parlament se constituya y sus miembros negocien quien será el candidato que encabece el nuevo Ejecutivo.
