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El decreto sobre pisos turísticos de Cifuentes, una solución que no convence a nadie

Cristina Cifuentes y Manuela Carmena discrepan en la gestión del boom del alquiler turístico
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Cristina Cifuentes y Manuela Carmena discrepan en la gestión del boom del alquiler turístico

Vecinos, hoteleros, administradores de fincas, el Ayuntamiento de Madrid y hasta la CEIM critican el texto por no frenar la expansión descontrolada de esta actividad ni los problemas de la turistificación.

Asociaciones vecinales, administradores de fincas, hoteleros y hasta la patronal madrileña rechazan la solución del PP para poner orden al fenómeno del alquiler de viviendas a turistas en Madrid con un decreto sobre alquiler turístico que tampoco convence al Ayuntamiento de la capital liderado por Manuela Carmena.

Las críticas a la normativa son numerosas y variadas pero tienen como nexo común el considerar que el texto no frena la expansión descontrolada de esta actividad ni soluciona los problemas provocados por la turistificación, por lo que solo parece contentar a quienes explotan estas viviendas, lo que se pone de manifiesto en las declaraciones realizadas esta semana desde la Asociación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (FEVITUR) que ha “celebrado” el decreto y ha afirmado públicamente estar bastante de acuerdo con el texto.

Los ‘puntos negros’ del decreto

Los entidades vecinales –especialmente la del centro de la capital- no celebran para nada la futura normativa y la rechazan especialmente porque “suprime la habitualidad, permite el alquiler por habitaciones y establece unos muy generosos porcentajes de viviendas turísticas sobre el total de viviendas en los edificios”, según las alegaciones que contra la norma presentaron ayer, unos reproches en los que coinciden con los hoteleros y los administradores de fincas, pero también con el Ayuntamiento de Madrid.

Y es que el Consistorio considera que la inclusión del alquiler de viviendas por habitaciones tendría una incidencia muy negativa en la calidad del servicio de alojamiento turístico así como en la sostenibilidad del modelo que se quiere para la ciudad de Madrid. Ya que “por un lado se promueve un mayor número de alojados por vivienda, con todos los inconvenientes asociados a una carga excesiva de los alojamientos (una mayor presión sobre las viviendas de uso residencial, problemas de convivencia con vecinos, mayor inseguridad en casos de emergencias, etc.) y por otro, desde el punto de vista urbanístico, no es posible excluir de la condición de vivienda permanente una o varias piezas de la misma para atribuirlas una actividad económica”.

El porcentaje de Viviendas de Uso Turístico VUT) que por edificio quiere permitir la Comunidad de Madrid es otro de los puntos de conflicto. Vecinos y hoteleros creen excesivo que el Ejecutivo regional permita ejercer dicha actividad hasta el 75% de los pisos de un inmueble (un porcentaje que será del 50% en casos de inmueble de propietario).

Ante estos porcentajes, las asociaciones vecinales alegan que “cuando se establece un porcentaje mayor al 50% se está permitiendo que los vecinos que tienen su vivienda en el edificio se conviertan en minoría y según el sistema de votación de la Ley de Propiedad Horizontal se transforma de ‘facto’ en un hotel”. Recuerdan que en los edificios de uso residencial la prioridad debe mantenerse residencial y no terciaria, como derecho fundamental y reclaman que “deberían rebajarse los porcentajes en todos los casos por debajo del 50%”.

Mientras que el Ayuntamiento entiende que el decreto “no puede establecer el número o proporción de viviendas de uso turístico en un inmueble por ser una determinación propia de la normativa urbanística tal y como indica la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid”.

Hacinamiento de turistas

Otro punto muy cuestionado es la ocupación máxima de las viviendas que propone el Proyecto de Decreto de la Comunidad de Madrid. El equipo de Manuela Carmena advierte que si la norma ve la luz “permitiría que en una vivienda de 70 m2 se puedan alojar 8 personas, en una de 85 m2 hasta 10, y en una de 100 m2 pueda alcanzar hasta 12 alojados, lo que supone entre el doble y el triple del número de usuarios en viviendas de tipo residencial”.

Una capacidad de alojamiento demasiada alta para los responsables municipales ya que temen que promovería, “entre otros inconvenientes, un turismo de escasa calidad, por lo que proponen en sus alegaciones como máximo aceptable una proporción de 2 personas por cada 25 m2 útiles, lo que supondría que un piso de 100 m2 podría alojar a un máximo de 8 personas”.

Las asociaciones del centro también creen que las capacidades máximas de alojamiento que incluye el decreto son también desproporcionadas, ya que estiman que “la ocupación establecida (4 personas para viviendas entre 25 m² y 40 m² útiles) supone un hacinamiento de turistas que no corresponden en absoluto a los valores reales de ocupación de las viviendas en la Comunidad de Madrid", cuya media es de 2,5 personas por hogar.

Alertando que “si se mantienen los límites de ocupación por inmueble que marca el proyecto, corremos el riesgo de "imponer a los demás propietarios un sobreuso, sobreexplotación y degradación de los espacios comunes del edificio (ruidos, uso extraordinario de ascensores, escaleras protegidas por las que se suben maletas arrastrándolas, consumo de luz, generación basuras extraordinarias, desperfectos)”. Con el agravante de que los propietarios de las VUT “no pagan más gastos comunes aunque generan más gastos a la comunidades”.

Además, los detractores de la norma se quejan de que las supuestas limitaciones para introducir orden en la actividad que contempla el texto de decreto son “ficticias”. Se refieren a la posibilidad que establece el texto de que las comunidades de propietarios puedan regular en sus estatutos la prohibición de que se implante la actividad, lo que califican de un “brindis al sol” ya que la Ley de Propiedad Horizontal exige que el acuerdo para cambiar los estatutos sea adoptado por unanimidad, lo que bloquearía este veto en las comunidades de vecinos en los que cualquier propietario ya esté ejerciendo la actividad, tal y como han venido advirtiendo insistentemente desde el Colegio de Administradores de Fincas de Madrid

Rechazo de CEIM

Tampoco la patronal madrileña tampoco bendice la receta del Gobierno de Cifuentes y el Consejo Empresarial de Turismo de CEIM Confederación Empresarial de Madrid-CEOE mostró, de manera unánime, su oposición al proyecto de Decreto de la Comunidad de Madrid que modifica la regulación de apartamentos y viviendas de uso turístico, por considerar que no resuelve “los problemas generados por la oferta descontrolada de alojamientos turísticos, tales como el intrusismo y la competencia desleal. Además, los empresarios de Madrid consideran que, tampoco, garantiza los derechos de los consumidores”.

La CEIM considera imprescindible que se aplique una normativa similar cuando se realiza una misma actividad económica para acabar con el intrusismo en un sector tan importante como el turístico y además los empresarios de Madrid entienden que “esta propuesta del Gobierno regional, tampoco, responde al modelo de desarrollo turístico de calidad que se quiere implantar”.

Ana M. Pastor

Convencida de que “la información es poder” pero no para los periodistas sino para todos los mortales, he convertido la manía de escribir noticias en mi modo de vida y de pagar facturas. “Peleada” con los números y la economía, me centro en la información nacional y de Madrid, esa que llaman “local” pero que es la que puede resultar más útil por ser la más cercana. Los problemas sociales, laborales y vecinales son mi pan de cada día. Con un objetivo: dar “cancha” a las minorías.

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