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Unidos Podemos reclama que la Junta Única de Resolución explique en el Congreso la venta del Popular

Banco Popular
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Banco Popular (Foto: Jaime Pozas)

El Congreso rechaza que el Gobierno evite despidos y cierre de oficinas tras la venta del Popular.

Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea quiere que la Junta Única de Resolución (SRB por sus siglas en inglés), organismo europeo que acometió la intervención de Banco Popular, que acabó en manos del Santander por un precio simbólico de un euro, explique en el Congreso los motivos que le llevaron a adoptar esta medida.

Según publica Europa Press, varios diputados del grupo confederal han registrado en la Cámara Baja una solicitud de comparecencia para la presidenta del SRB, Elke König, ante la Comisión de Economía, Industria y Competitividad “en calidad de experta para explicar la forma y el fondo de la resolución de la crisis del Banco Popular”.

La Junta Única de Resolución decidió la venta de la sexta entidad financiera española, que había sido declarada en “quiebra o probable quiebra” por el BCE. La venta del Popular al Santander ha sido la primera resolución adoptada por este mecanismo, iniciado en 2015 y aprobado para evitar los rescates con dinero público de las entidades financieras.

Por otro lado, el Congreso ha rechazado la proposición no de ley registrada por Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea en la que exigía al Gobierno la adopción de las medidas necesarias para evitar despidos y el cierre de oficinas en municipios y áreas urbanas con “insuficiencia de servicios bancarios” tras la absorción del Banco Popular por el Santander.

PP, Ciudadanos, PNV y PDeCAT han tumbado esta iniciativa en la Comisión de Economía, Industria y Competitividad de la Cámara Baja, en la que no ha bastado el respaldo del PSOE, Esquerra Republicana y Nueva Canarias, además del grupo proponente.

La proposición no de ley, defendida por la diputada de En Marea Yolanda Díaz, instaba al Gobierno a que adoptara las medidas necesarias para que este proceso de “compra y absorción” no requiera “de ninguna aportación financiera de fondos públicos en forma de ayudas o reconocimiento de obligaciones de ningún tipo”.

También reclamaba evitar “el empeoramiento de las condiciones laborales de las plantillas”, así como articular medidas para “esclarecer las posibles responsabilidades de cualquier tipo en que hayan podido incurrir los equipos directivos de la entidad”.

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