La presidenta de la Junta de Castilla-La Mancha ha decidido retirar la demanda interpuesta contra esta organización por atentar contra su honor y el de su esposo, Ignacio López de Hierro. La renuncia de María Dolores de Cospedal a seguir adelante con la batalla judicial que emprendió contra Greenpeace por publicar un informe sobre la reforma de la Ley de Costas que, según la secretaria general del PP, atentaba contra su honor y el de su marido, Ignacio López de Hierro, ya ha suscitado las primeras reacciones. Los ecologistas se han felicitado por esta noticia y han exigido a la presidenta de Castilla-La Mancha que “pague de su bolsillo” las tasas judiciales derivadas del proceso.
Concretamente, ha sido Ecologistas en Acción quien ha lanzado esta reclamación. Esta institución ha celebrado el éxito cosechado por Greenpeace tras la decisión de la Junta de Castilla-La Mancha de retirar la demanda y ha exigido que sea la popular la que asuma los gastos del proceso. En opinión de este colectivo, “la decisión de ir a los Juzgados es responsabilidad última de la Sra. Cospedal”, por lo que debe ser ella personalmente “la que asuma los gastos ocasionados al erario público de la Junta por la tramitación de la citada demanda”.
Es más, Ecologistas en Acción afirma que “el desistimiento de la demanda por parte de la Junta pone de relieve lo temerario de la misma” y acredita que lo que hizo Greenpeace no fue más que “dar una información de interés público” cuando citó a López de Hierro en su informe ‘Amnistía a la Destrucción’.
Cospedal y Greenpeace debían verse hoy las caras en los Juzgados, pero ayer mismo la organización ecologista confirmó a ElBoletin.com que la dirigente popular había desistido en su demanda y, por tanto, se había anulado el juicio.
La presidenta manchega inició esta batalla judicial al entender que Greenpeace atentó contra su honor y el de su marido al hablar de “los intereses privados que podrían estar detrás de la reforma de la Ley de Costas” y, en concreto, de la estrecha relación de López de Hierro con el impulsor de esta norma, Miguel Arias Cañete.
