La Marea Blanca vuelve a las calles para celebrar el fin de la privatización hospitalaria en Madrid. Pero exigen un certificado legal para que no se quede en «una declaración de intenciones». La Marea Blanca ha vuelto a las calles de Madrid este domingo para denunciar las políticas que siguen poniendo en peligro la Sanidad Pública. Además, piden al Gobierno de Madrid que certifique legalmente su derrota en el proceso de privatización hospitalaria mediante la publicación de una nota en el Boletín regional (BOCM).
Desde la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid se considera que la paralización del proceso de privatización se puede quedar en «una mera declaración de intenciones» si no se procede a su anuncio formal en el documento legislativo regional. Sin embargo, la Marea de este domingo tendrá más carácter festivo que nunca antes para celebrar el freno a las privatizaciones y la dimisión de su abanderado, el ya exconsejero madrileño de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty.
En este sentido, la marcha tiene como foco fundamental mostrar el valor de la «unidad alcanzada entre profesionales, usuarios, trabajadores y ciudadanía en general». Siempre sin olvidar mostrar nuevamente «el rechazo a las políticas sanitarias que sigue desarrollando el Gobierno del PP, tanto a nivel central como autonómico», explican los convocantes en un comunicado.
Una de las advertencias que más resuenan en la manifestación de hoy es que «las políticas privatizadoras y el desmantelamiento de la Sanidad Pública siguen adelante», por lo que los miembros de la Mesa apuestan por «mantener el conflicto y la lucha» hasta que se consigan firmes garantías de reorientación en las políticas sanitarias promovidas por el PP. Y es que, los convocantes de la marcha afirman que aún «hay mucho por lo que luchar y mucho que recuperar», apuntando como ejemplo a las derivaciones de pacientes a la sanidad privada a costa de dinero público, y al convenio suscrito con Cruz Roja para la privatización del Centro de Transfusiones de Sangre.
De la misma manera, la Mesa se ha decantado por avivar la polémica en contra de la reforma de la Ley del Aborto y muestra abiertamente su «rotundo rechazo» al proyecto por entender que «atenta contra los derechos y la salud de las mujeres, y penaliza a los profesionales sanitarios». Una circunstancia que no duda en atribuir a la reforma de la Constitución que incluyó la regla del déficit por la que se » antepone el pago de la deuda [soberana] a los derechos y cobertura de las necesidades de la ciudadanía». Algo que, denuncian, se materializa en recortes y en la necesidad de privatizar servicios públicos.
