UPyD denuncia que “los madrileños han estado pagando de más durante cuatro años, por la obtención de licencias y además a quien no debían: entidades privadas”. David Ortega, portavoz municipal de UPyD, manifiesta su preocupación por el “nuevo varapalo judicial al Ayuntamiento” de Madrid que supone que el Tribunal Supremo haya anulado más de medio centenar de artículos de la Ordenanza de Licencias de 2009, el sistema por el cual el exalcalde Alberto Ruiz-Gallardón privatizó el sistema de concesión de licencias urbanísticas..
UPyD recuerda que con dicha norma, “el equipo de Gobierno del Partido Popular creó las Entidades Certificadoras de Licencias Urbanísticas (ECLUs), unos organismos privados para la tramitación administrativa” y “ahora el Tribunal Supremo anula esta Ordenanza, pues la considera una clara extralimitación de las funciones de un Ayuntamiento”, confirmando una sentencia previa, de 2011, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
Dicha norma, de 2009, creaba organismos privados intermedios para la concesión de licencias, en lo que el Supremo considera una clara extralimitación de las funciones del Ayuntamiento. “La consecuencia”, explica David Ortega, portavoz municipal de UPyD. “es que los madrileños probablemente hayan estado pagando de más, durante cuatro años, por la obtención de licencias, y desde luego han estado pagando a quien no debían: entidades privadas”.
La conclusión está clara para UPyD: “Madrid ha estado durante cuatro años, y todavía lo está, en una situación de irregularidad respecto a las licencias urbanísticas, algo de extrema gravedad que “es consecuencia de la mala gestión del Ayuntamiento de Madrid”, afirma Ortega.
Para el representante de UPyD se trata de una pésima muestra de inseguridad jurídica que además ha supuesto “un impacto en el bolsillo de los madrileños que pidiesen determinadas licencias urbanísticas a las ECLUs: debían pagar a estas entidades privadas por la emisión de un certificado de conformidad, junto a las tasas municipales correspondientes”.
“El Ayuntamiento lo llama colaboración público-privada, pero tiene más de nuevo peldaño burocrático de pago”, denuncia Ortega.
El Grupo Municipal de UPyD recuerda que ya expuso en Pleno su oposición a las ECLUs en julio de 2012, cuando se modificó la Ordenanza ahora anulada para, teóricamente, simplificar trámites y facilitar la actividad económica: “Entonces expresamos nuestras serias dudas,ratificadas desde un año antes por una sentencia del TSJM, pero el PP rechazó todos nuestros argumentos”, señala Ortega.
Más allá de este caso concreto, UPyD recuerda la larga lista de sentencias condenatorias contra el Ayuntamiento de Madrid, que dirige Ana Botella, que en los últimos meses ha visto como los tribunales ‘tumbaban’ aspectos tan básicos de su actividad como los nuevos barrios previstos en el Plan General de Urbanismo de 1997, la remodelación del Palacio de los Deportes, el aumento de las multas de tráfico en un 50% decretado en 2005 o esta propia Ordenanza de Licenci
