La Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) arrojó ayer un poco de luz sobre su decisión de cambiar de abogados a pesar del éxito logrado contra la privatización de hospitales. Los rumores amenazaban con minar al colectivo, pero los médicos se mostraron más unidos que nunca. La Junta Directiva explicó que decidió romper la relación contractual porque perdió la confianza en López Rodó & Cruz Ferrer cuando decidieron presentar la querella penal “a espaldas” de la AFEM. Esto hizo que la tensión creciese y finalmente se optase por el cambio de letrados. Ahora los médicos amenazan a su antiguo bufete con emprender “acciones legales” porque, dicen, no les han devuelto toda la documentación.
La reunión, que se alargó durante horas, se centró en este punto, el cambio de abogados. El presidente de la AFEM, Pedro González, explicó la decisión de la Junta Directiva apoyándose en diversos documentos ante la atenta mirada de los cientos de asistentes. El dirigente aludió a una “pérdida de confianza” en el bufete con el que llevaban trabajando desde febrero después de que hiciese un “cambio de estrategia” a la hora de presentar la querella penal que denunciaba presuntas irregularidades cometidas en el proceso para externalizar la gestión de los hospitales Infanta Elena de Valdemoro, el Rey Juan Carlos de Móstoles y el de Torrejón. En ella, acusaban a los exconsejeros Manuel Lamela y Juan José Güemes de haber cometido varios delitos, entre ellos malversación de fondos públicos, cohecho y prevaricación, al beneficiar “los intereses de empresas privadas, en detrimento del sistema público”.
Según recoge Efe, González explicó a los asociados que se rompió el contrato porque los abogados actuaron “a espaldas” de la Junta Directiva al presentar la querella sin el visto bueno de la misma, y a su entender, el hecho de que todo haya salido bien (la querella fue admitida y el juez imputó a Lamela, Güemes, dos altos cargos de la Consejería de Sanidad y los responsables de las empresas adjudicatarias), eso no justifica que “se hayan saltado” las decisiones de la Junta.
Por ello, la relación “se tensó” hasta que en junio la AFEM comunicó a López Rodó & Cruz Ferrer su intención de trasladar los temas penales a otro despacho. En ese momento, dijo Pedro González tal y como recoge El País, recibieron una “actitud desafiante” que desembocó en su despido en agosto. Tras ello, acusó al bufete de no haber devuelto toda la documentación y anunció que se plantean emprender “acciones legales” contra ellos.
No obstante, aunque la mayoría de asociados se mostraron de acuerdo con la decisión, hubo voces discordantes. Concretamente la del doctor Pedro de la Oliva, exmiembro de la Junta Directiva que ha actuado como asesor jurídico y defiende a capa y espada la actuación del bufete ‘despedido’.
De la Oliva aseguró que López Rodó sí tiene experiencia penal y que “cualquier movimiento de dinero” -en relación con la contratación de un nuevo despacho, Estudio Jurídico Liria- requiere la participación de la asamblea. “Los jueces, cuando hay cambio de abogado, empieza a dudar y se debilita el proceso”, indicó también el facultativo, que acusó a la Junta Directiva de tomar una decisión que “pone en riesgo las suspensiones cautelares”, recoge el diario del Grupo Prisa. Este médico acabó abandonando la reunión después de que el presidente de AFEM le acusara de intentar “un asalto al poder” y de haber hecho “filtraciones interesadas” a los medios de comunicación para dañar la imagen de la asociación.
La reunión acabó con la mayoría de asistentes pidiendo la “unión” y cerrar filas en torno a la Junta Directiva de la AFEM, porque “cuestionar a la Junta por una cuestión de abogados haría un favor a la Consejería de Sanidad”.
