Javier Fernández-Lásquetty está a la gresca con el Colegio Oficial de Médicos de Madrid (ICOMEM). La institución ha denunciado en una carta la desaparición de las plazas de pediatras y médicos de familia tras las jubilaciones forzosas impuestas por la Comunidad de Madrid, aunque la Consejería de Sanidad se ha apresurado a desmentir estas afirmaciones.
En un comunicado remitido ayer por el departamento que dirige Lasquetty, el Gobierno regional “desmiente rotundamente que se haya amortizado ninguna plaza de médico de familia o pediatra, como se asegura desde el Colegio Oficial de Médicos de Madrid”. Esta es su respuesta a la denuncia lanzada por la Mesa de Atención Primaria de la institución, que aseguraba que en el marco del “actual deterioro” y tras las jubilaciones impuestas, entre otras incidencias están desapareciendo de los centros de salud madrileños “numerosas plazas de médicos de familia y de pediatras”.
El ICOMEM, en una misiva recogida por actasanitaria.com, denuncia que ya hay centros de salud sin pediatra o con uno a tiempo parcial, indica que la atención a los pacientes recae en profesionales de Medicina General ya sobrecargados de trabajo y sin la formación específica.
Asimismo, critica que desde la reciente privatización de la gestión del Programa para la Detección Precoz del Cáncer de Mama (Deprecam) se acumulan los retrasos, las incidencias y las irregularidades, y reina la confusión en algo que funcionaba de forma modélica. “Si eres una mujer de entre 50 y 70 años y vives en Madrid, tu médico de familia no sabe si te van a hacer la mamografía ni cuándo”, dice el Colegio.
Algo que también ha desmentido la Consejería de Sanidad, que en la nota ha negado que se haya privatizado la gestión del Deprecam y ha asegurado que “no se han producido irregularidades” de ningún tipo.
El ICOMEM también ha cargado contra la reducción de un tercio del presupuesto para limpieza de los centros de salud, con una disminución tanto de personal como del horario de trabajo de estos profesionales. Según el Colegio, hay centros de salud donde no hay un trabajador de limpieza presente durante amplias franjas horarias, con el consiguiente deterioro en su habitual y necesaria higiene y limpieza, incluso llegándose al cierre temporal de salas de urgencias y consultas si se produce un vertido accidental de residuos orgánicos (orina, vómito, sangre) por no disponer de personal para proceder a la retirada de los mismos.
A este respecto, el departamento de Lasquetty señala que el nuevo contrato de limpieza de los centros de salud “se ha adjudicado conforme a las condiciones del concurso, adecuándose las horas de trabajo a los metros cuadrados de cada uno de los centros”. Aunque no es el único rifirrafe entre ambas instituciones.
El Colegio ha denunciado también el nuevo sistema de ‘facturación a terceros’, el cobro del servicio a usuarios que carezcan del derecho al mismo por su condición, por ejemplo, de turistas extranjeros, o por la naturaleza del problema -accidentes laborales o de tráfico- implantado en el sistema informático del Servicio Madrileño de Salud. Según ICOMEM, no permite que el personal administrativo recoja los datos de los pacientes, obligando de facto al personal sanitario a estas tareas.
No obstante, la Consejería de Sanidad también niega este punto, asegurando que “el profesional sanitario se limita a cumplimentar en la aplicación informática los datos del paciente y la asistencia que le ha prestado. Con esos datos registrados, se imprime un recibo y el paciente tiene que dirigirse a la unidad administrativa. Es el trámite mínimo imprescindible para que puedan recibir atención por parte de un profesional sanitario”.
Aunque la institución colegial no lo ve así, y considera este proceso “absurdo, gravoso para el sistema, ineficaz e inapropiado, pues detrae tiempo del profesional médico para la atención al paciente, aumentando las tareas burocráticas del mismo”.
