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Rubalcaba y Jáuregui, los dos referentes del nuevo Gobierno

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• Zapatero recurre al ‘viejo socialismo’ para remontar las encuestas

En contra de lo previsto, José Luis Rodríguez Zapatero anunció a mediados de octubre un profundo cambio de Gobierno que colocó a Alfredo Pérez Rubalcaba y a Ramón Jáuregui como referentes para afrontar el final de la legislatura. Con este movimiento, junto al nombramiento de Marcelino Iglesias como ‘número tres’ del PSOE, Zapatero se rodeó de veteranos socialistas para remontar en las encuestas y acabar con la división interna.

Después de haber dado un giro radical a sus políticas como consecuencia de la grave crisis económica y de la caída libre del PSOE en las encuestas, Zapatero decidió apoyarse en los veteranos para remontar la situación y preparar al partido para las elecciones generales que tendrán lugar dentro de año y medio. Rubalcaba se convirtió en el nuevo hombre fuerte, al asumir, además de la cartera de Interior que ya dirige, la Vicepresidencia Primera y la Portavocía, puestos que ostentaba María Teresa Fernández de la Vega. Su nombramiento fue el más comentado en los pasillos del Congreso donde destacados diputados socialistas daban por hecho que será el candidato del PSOE para las generales de 2012, si Zapa­tero renuncia a la reelección.

Otra veterana, aunque en este caso de IU, se incorporó al equipo de Gobierno. Rosa Aguilar abandonaba la Junta de Andalucía para ocupar la cartera de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino que dejó Elena Espinosa. El portavoz adjunto del PSOE en el Congreso, Eduardo Madina, en declaraciones a EL BOLETIN opinaba que esta decisión suponía un gesto de acercamiento a IU. Una lectura equivocada para el portavoz de este partido en el Congreso, Gaspar Llamazares, quien indicó a este diario que es “pura estética” al tiempo que recordó que Aguilar se hace cargo de un Ministerio cuyo presupuesto se ha reducido un 30%.

Al frente de Trabajo, cartera vacante con la salida de Celestino Corbacho para incorporarse a las listas del PSC en Cataluña, Zapatero colocó a Valeriano Gómez, quien fue se­cretario general de Empleo con Jesús Caldera y es un histórico de UGT. Gómez fue el elegido para tutelar la nueva reforma laboral, a pesar de que el pasado 29 de septiembre se manifestó contra ella en la jornada de huelga general. Entre sus prioridades está recuperar el diálogo social e impulsar la reforma de las pensiones.

El presidente eliminó las carteras de Igualdad -competencia que asumió el Ministerio de Sanidad que ahora dirigirá Leire Pajín- y de Vivienda -que se integrará en la cartera de Fomento-. No obstante, sus titulares Beatriz Corredor y Bibiana Aído seguirá dirigiendo esos departamentos, convertidos en Secretarías de Estado. En cuanto a Trinidad Jiménez se colocó al frente del Ministerio de Exteriores, con la salida de Miguel Ángel Mo­ratinos. La vicepresidenta económica, Elena Salgado, es la única que se mantiene en el Gobierno desde 2004.

Pajín. Con el nombramiento de Marcelino Iglesias, Zapatero puso fin al paso de Leire Pajín por la Secretaría de Orga­nización del PSOE dos años y medio después de ser elegida. Un corto mandato que no estuvo exento de polémica. El día en el que Zapatero anunció que Pajín iba a ser la nueva ministra de Sanidad, fuentes socialistas recordaban a EL BOLETIN los frentes que la socialista abrió con las federaciones del partido desde julio de 2008 por la incapacidad de controlar sus filas. El PSM, pero sobre todo, el PSOE valenciano se rebelaron contra la gestión de la nueva ministra, especialmente tras la implicación de personas de su familia en asuntos como la moción en Benidorm que concluyó en que su madre fuera declarada tránsfuga.

“Catástrofe”
El 15 de octubre, el Gobierno cerraba un pacto con el PNV y con Coalición Canaria (CC) que garantiza a Zapatero agotar la legislatura. El acuerdo incluye el apoyo de los dos grupos a los Presupuestos Generales de 2011. A cambio de este respaldo, los nacionalistas vascos lograron el compromiso del Gobierno de desarrollar íntegramente el Estatuto de Gernika. En el caso de CC, el Ejecutivo destinará una partida de 300 millones de euros para infraestructuras.
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