El PP insiste en que la lista más votada gobierne en los ayuntamientos

Los populares llevarán al Congreso Nacional que se apueste por “una reforma electoral que asegure el gobierno de la lista más votada en cada municipio”. El golpe electoral que recibió el PP en las elecciones municipales de 2015 no se ha olvidado en las filas populares. Y para evitar que futuros pactos les dejen fuera de la gobernabilidad, la formación sigue insistiendo en su solución: que gobierno la lista más votada. Una medida que espera conseguir en este 2017 y que estará muy presente en el Congreso Nacional que celebrará en febrero.
 
En la Ponencia Económica y de Administración Territorial, la cual será coordinada por el exministro y vicesecretario de Política Autonómica y Local, Javier Arenas, esta cuestión será uno de los puntos fuertes. Por el momento, el documento del proyecto de esta política marca que “es esencial para la proximidad y estabilidad de los Ayuntamientos favorecer una reforma electoral que asegure el gobierno de la lista más votada en cada municipio”, tal y como ha podido conocer Europa Press.
 
Pero esta intención no es nueva en Génova. Este verano el PP ya intentó llevar al Congreso de los Diputados esta medida para las futuras elecciones municipales, aunque la disolución de las Cortes para las elecciones generales del 20D dejó en el limbo la propuesta. No obstante, Rafael Hernando se encargó en desarrollar la reforma para evitar  “situaciones chocantes”, cuando mediante “pactos de despacho” se han alzado como alcaldes candidatos que habían obtenido porcentajes de votos muy pequeños como el 16% en el caso de Pamplona o el 19% en el de Las Palmas
 
La idea que presentó Hernando preveía, como recogió EFE, una prima de concejales equivalente a la mayoría absoluta para el partido que obtuviera más del 35% de los votos y, al menos, una diferencia de cinco puntos a la siguiente candidatura. En el caso de que no se diese esas opciones, los populares plantearon que sería necesaria una segunda vuelta entre las listas que hubieran obtenido más del 15% de los votos, quedando expresamente prohibidas las coaliciones o uniones de candidaturas. Y en esa segunda vuelta, si hay una candidatura con más del 40% de los votos o siete de diferencia con respecto a la segunda, se le adjudicaría la mitad más uno de concejales, y el resto se repartirían en función de los resultados de la primera vuelta. De no producirse esos supuestos, se repartirían los concejales según la primera vuelta —lo que llevaría a la búsqueda de pactos como se hace ahora—.
 
Asimismo, el documento que llevará Arenas al Congreso Nacional también se muestra favorable a las iniciativas de fusión voluntaria de municipios, que permiten ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos.
Revés a la supresión de diputaciones que plantea Ciudadanos
La eliminación de las diputaciones provinciales es una línea que no piensa traspasar el PP. En el texto, la formación considera “fundamental” el papel de estos organismos, sobre todo en los pequeños y medianos municipios, en especial los menores de 20.000 habitantes. De hecho, los populares cargan contra el argumento del coste presupuestario ya que, según recalcan, no suponen ningún problema financiero para el Estado dado que la gran mayoría de ellas se encuentran en superávit.
 
“Por tanto, defender su supresión argumentando un ahorro económico es tanto como defender la supresión de servicios públicos, ya que en realidad su coste tendría que asumirse por otras Administraciones”, sentencia el documento político, en alusión a las intenciones que persiguen desde Ciudadanos.