El sindicato elabora un informe que demuestra que el Gobierno en funciones, “no ha variado un ápice sus políticas de recorte en materia de Servicios Públicos”. UGT ha elaborado un análisis comparativo entre el Programa de Estabilidad 2016-2019 del Reino de España y los informes del Defensor del Pueblo, la Agencia Estatal para la Evaluación de las Políticas Públicas (AEVAL), y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), entre otros, con el que quiere demostrar “que el Gobierno insiste en recortar los servicios públicos, negándole a la Ciudadanía sus demandas sociales”.
El sindicato explica, en un comunicado, que tras realizar dicho informe plantea una serie de propuestas generales en política de servicios públicos, de las que primera y más importante es exigir “al próximo Ejecutivo que implemente una política social financieramente sostenible, estableciendo un suelo mínimo de gasto social de partida en cada servicio público: sanidad, educación, dependencia, etc”.
El suma y sigue de los recortes
Lo que propone UGT es precisamente todo lo contrario “del proyecto que ha desarrollado el Gobierno del Partido Popular y que pretende seguir aplicando” ya que la organización sindical advierte que “la reciente actualización del Programa de Estabilidad 2016-2019 del Reino de España, remitido por el Gobierno en Funciones a la Unión Europea, se muestra continuista con las políticas de recorte con los Servicios Públicos, tal y como queda evidenciado en las proyecciones que sobre el gasto por funciones plantea el referido Programa”.
Según recoge la Federación de Servicios Públicos de UGT en su informe, “en los próximos cuatro años, el Gobierno en funciones planea una minoración de los gastos relacionados con la calidad de vida de las personas y los Servicios Públicos (en % del PIB) del 3,25%” una circunstancia que, “en la práctica, va a suponer un mayor deterioro en los mismos, pues las partidas presupuestarias destinadas a financiarlos se verán mermadas un ejercicio tras otro. Estos mismos recortes se prevén en Educación, con una disminución del 0,27% y en Protección Social, con una bajada del 1,17%, ambas sobre el PIB”.
El sindicato denuncia que estas medidas “contradicen el sentir generalizado de la ciudadanía que, en los informes oficiales, elaborados por el Defensor del Pueblo y la AEVAL, exige más y mejores servicios públicos, cuestión avalada por ambos organismos, pues aunque consideran que la situación ha mejorado ligeramente en 2015, la realidad de los Servicios Públicos es manifiestamente mejorable”. Haciendo Hasta la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), en Informe de 22 de abril de 2016 sobre el Programa, señala que “…la materialización de esta senda restrictiva para los gastos implica, un coste a corto plazo en términos de menor crecimiento de la actividad productiva, presentándose por tanto un riesgo a la baja en el crecimiento del PIB”.
UGT dice que quiere demostrar con su informe que el Gobierno en funciones, aunque las ha moderado ligeramente, no ha variado un ápice sus políticas de recorte en materia de Servicios Públicos, en contra de las necesidades de la ciudadanía, así como de una auténtica recuperación económica y la implantación de un nuevo modelo productivo, a pesar de que el sindicato considera que “el bienestar social es un factor de competitividad que contribuye decisivamente en la eficiencia económica del país”.
Sin embargo, principal conclusión que se puede extraer del informe, según sus autores, es que “el Ejecutivo en funcioness ha proyectado una política económica que es inversamente proporcional a las políticas sociales que demanda y necesita la ciudadanía, lo que va a contribuir a generar más pobreza y desigualdad, pues, mucho nos tememos, los ajustes exigidos por la Comisión Europea van a continuar focalizándose sobre los Servicios Públicos”.
Para evitarlo plantea siguientes propuestas básicas con la intención de aumentar la cohesión social por el bien común:
1. La necesidad de recuperar el discurso de lo público como esencia de la democracia, pues la calidad de la misma depende del desarrollo de los servicios públicos, así como de los ideales de igualdad distributiva y justicia social.
2. Una política social financieramente sostenible, estableciendo un suelo mínimo de gasto social de partida en cada servicio público.
3. Reformar el sistema fiscal y tributario para aumentar los ingresos, basado en los principios de suficiencia, equidad y progresividad, que sirvan para financiar las políticas de inversión social.
4. El bienestar de la ciudadanía es un factor de competitividad, pues contribuye a la eficiencia económica del país, ofreciendo seguridad y protección social que garantizan la cohesión social.
5. Una ordenación de los Servicios Públicos desde la transparencia y el control público de su calidad, titularidad, gestión y financiación.
6. Exigir coherencia, responsabilidad e implicación en la defensa de la sanidad, educación, dependencia, etc., resaltando el espíritu del Pacto Constitucional en estas materias.
7. Poner en valor el empleo público estable con el fin de prestar con garantía u calidad los servicios básicos y fundamentales que demanda la ciudadanía, con una fuerte dimensión social y unas condiciones laborales dignas.
8. Un marco de participación de los sindicatos en las políticas públicas que afecten a la calidad de vida y bienestar general, de acuerdo con las funciones que nos atribuye la Constitución.
