El Edil de Economía ve “falta de criterio” jurídico en la impugnación de cláusulas sociales por parte de la delegada del Gobierno, Concepción Dancausa. El delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato, ha tildado de «increíble y falta de criterio» jurídicamente la impugnación de las cláusulas sociales en la contratación pública anunciada por la delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa.
La que fuese exconcejala de Hacienda del mismo Ayuntamiento ha solicitado a la Abogacía del Estado impugnar algunas modificaciones en las normas de contratación pública en la capital por entender que el consistorio «no tiene competencias para regular las relaciones laborales de los trabajadores de las empresas adjudicatarias de los contratos municipales».
Al conocerse el recurso, el delegado económico ha defendido que las reformas no son «un capricho» sino el cumplimiento de directivas europeas. Critica que la pretendida impugnación venga de un gobierno en funciones «que ni siquiera ha tenido a bien someterse al control parlamentario pero sí ha tenido tiempo para manifestar que se opondrá al decreto» por el que se aplican las cláusulas.
“Es algo increíble, falto de criterio desde el punto de vista jurídico, como demostraremos», ha declarado a la prensa tras la Junta de Portavoces celebrada en el Palacio de Cibeles, según declaraciones recogidas por Europa Press.
«Que haya gente preocupada porque se incluyan cláusulas sociales en la contratación pública… ¿Qué va a ser lo próximo?», ha ironizado. Sánchez Mato defiende que la ciudadanía está interesada en que las administraciones sean garantes de que haya «derechos sociales, estabilidad en el empleo e igualdad entre mujeres y hombres», con la importante palanca de la contratación pública.
«Que haya gente que esté en contra de eso me parece increíble y que lo haga Concepción Dancausa, quien ha ejercido la acción y antes fue concejala, revela que hay muy poquito criterio a la hora de abordar labores de gobierno», ha lanzado el concejal. «Más le valdría al gobierno en funciones y a la señora Dancausa preocuparse por cumplir directivas europeas en lugar de poner obstáculos cuando hay un Ayuntamiento que se implica a la hora de conseguir su aplicación», ha zanjado.
En concreto, las dos cláusulas que el Gobierno central quiere impugnar se refieren a los nuevos criterios municipales para el mantenimiento de plantilla en caso de subrogación de un contrato y la norma para primar el mantenimiento de la plantilla adscrita a la administración local.
