Ecologistas en Acción recuerda, coincidiendo con las críticas de la Cámara de Cuentas, que la M-30 fue una obra ilegal. La reforma de la M-30, la obra más faraónica y polémica de Alberto Ruiz-Gallardon, vuelve a estar en el ‘ojo del huracán’ después de que un informe de la Cámara de Cuentas cuestione la empresa Mixta Madrid Calle 30 -que el entonces alcalde de Madrid creó para gestionar la circunvalación- por entender que ese modelo beneficia a empresarios privados. Pero es que, además, Ecologistas en Acción aprovecha para recordar que dicha ampliación es “ilegal”, según una sentencia de Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de marzo de 211 y que el alcalde no sufrió recriminación política alguna por ese varapalo judicial.
Ecologistas en Acción sale al paso de las noticias sobre el modelo elegido para la gestión de la M-30 por el Gobierno municipal de Gallardón, recordado algo que a su juicio es “mucho más sangrante y que no tuvo consecuencias políticas para su máximo responsable”. Se refiere esta ONG a la sentencia del TSJM de 2011 anulando las obras de los nueve tramos de la M-30 soterrada que transcurren por el rio Manzanares al carecer de evaluación ambiental previa, quejándose esta organización de que dicha sentencia no tuviera consecuencias prácticas, pero sobre todo de que máximo responsable, Alberto Ruiz-Gallardón, no sufriera “ninguna recriminación política por ello”.
Recuerdan que “la sentencia fue diáfana contra el Ayuntamiento de Madrid”, puesto que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) refrendaba y confirmaba la sentencia previa del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 22, de 16 de octubre de 2008, en la que el juez acogía “en su integridad los motivos de impugnación contenidos en la demanda” de Ecologistas en Acción y declara nulos los actos recurridos, esto es, todos los proyectos de soterramiento de la M-30 junto al cauce del Manzanares”.
Y recalcan que “ el TSJM, como ya hizo antes el Juzgado de lo Contencioso nº 22, concluía que era imprescindible la realización previa de un estudio de impacto ambiental, que no fue de recibo el “troceado” en diversos proyectos para eludir este procedimiento y que el hecho de que se le denominara como vía urbana (“Calle 30”) resultaba irrelevante, puesto que en todo caso su reforma –y más si es del calibre de la que se realizó– tenía que someterse a este precepto legal”.
Hipotecó las arcas municipales
Está ONG medioambiental se queja de que “al desmesurado coste de esta obra (más de 10.400 millones de euros, según actas del propio Ayuntamiento, que están hipotecando los presupuestos municipales y lo seguirán haciendo durante 25 años” se le añaden de forma continua nuevas derivadas, como el reciente dictamen de la Cámara de Cuentas de Madrid, “que señala que las condiciones que se fijaron resultaban especialmente ventajosas para algunas grandes constructoras, en detrimento de las arcas públicas.
Se refiere Ecologista al anteproyecto de informe de la Cámara de Cuentas
que cuestiona el modelo de la empresa mixta Madrid Calle 30, participada en un 80% por el Ayuntamiento de Madrid y que gestiona la circunvalación M-30, por beneficiar a los socios privados y por considerar que la vía no es susceptible “de ser explotada por empresarios particulares”.
Ecologistas en Acción también quiere dejar claro que la ampliación de la M-30, además de ser ilegal y arruinar el presupuesto municipal, no solucionó los problemas para los que se dijo que se realizaba: evitar la polución del aire o eliminar la congestión del tráfico, puesto que “los problemas de movilidad siguen siendo los mismos, los atascos persisten y la contaminación del aire continúa por encima de los límites legales”.
