El ratio de jueces por número de habitantes en España se sitúa en la mitad de la media en la UE, según el Consejo de Europa. Cuando hace una semana Mariano Rajoy tuvo que responder a la pregunta de un juez sustituto sin plaza en La Sexta, el presidente sostuvo que el Gobierno ha tratado de solucionar el problema mediante la convocatoria de oposiciones, y añadió que “ahora se están creando muchas plazas”. Sin embargo, se han convocado un 80% menos de plazas para jueces desde que el PP llegó al Gobierno, respecto a la legislatura anterior.
Según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), se han celebrado oposiciones para jueces en tres ocasiones durante el mandato actual -en 2012 no hubo-, que dispusieron un total de 150 puestos. En los tres años anteriores se convocaron 770 plazas en el mismo periodo. A pesar del optimismo que Rajoy quería transmitir a su fugaz entrevistador, la previsión se mantiene: el CGPJ informaba hace dos días de que en 2016 volverán a convocarse 65 plazas de jueces a nivel nacional.
“El número de jueces por habitante es bajísimo”, denuncia Raimundo Prado, portavoz de la Asociación de Jueces Francisco Victoria, que critica que España cuente con alrededor de 4.500 jueces para “una población de 40 millones de habitantes que es el doble en verano”, apunta. “Cada juez está haciendo en España el trabajo de dos, y cobrando lo mismo”, afirma.
Para Conrado Gallardo, portavoz del Foro Judicial Independiente, la discusión sobre la carga de trabajo que es capaz de asumir un juzgado es una de las claves de las disfunciones que acumula el sistema judicial en el país: “El PP dice que hay jueces de sobra y que no trabajamos suficiente”. Explica que lo que ha intentado el actual Gobierno ha sido repartir, a toda costa, la creciente carga de trabajo entre los juzgados existentes. Ese método ha derivado en una obsesión por una justicia “rápida” en la que solo se miden las sentencias dictadas.
Sin embargo, eso “no asegura que sea eficaz”, advierte el portavoz, que recuerda que harían falta el doble de jueces para alcanzar los 20 jueces por cada 100.000 habitantes en los que se sitúa la media europea. “El Gobierno ha mantenido una política restrictiva a la hora de convocar plazas, y apenas se han cubierto jubilaciones y otras vacantes”, explica Gallardo.
No obstante, las asociaciones consultadas coinciden en que el ‘atasco’ de la justicia no es solo una cuestión de esta legislatura. Muchos de los jueces con plaza no pueden trabajar porque no se han creado destinos nuevos. Según el Foro Judicial Independiente, las Comunidades Autónomas, la administración con más competencia a este nivel, se niegan a financiar nuevas sedes y vacantes: “En la práctica, llevamos más de seis años de paralización en la creación de nuevos juzgados”, recuerda.
De ahí que se creara la figura del “juez de adscripción territorial”, un magistrado con oposición pero sin plaza destinado a unos u otros juzgados en función de las necesidades de cada sede. “Así vemos a jueces que un día están llevando casos de lo social y al día siguente de contencioso”, critica el portavoz del Foro Independiente, que califica de “chapuza” esta figura, creada como plantilla “capaz de cubrir las bajas” pero que en la práctica está cubriendo las disfunciones estructurales del sistema.
Sin novedades en los programas
A la vista de las propuestas en la carrera hacia La Moncloa, los profesionales de la justicia en los juzgados ordinarios no tienen mucho que celebrar. Las ideas de los principales candidatos se centran en la independencia de los órganos de gobierno y la elección de los altos tribunales.
Pero los profesionales reclaman una reforma del sistema judicial que pueda dar resultados a largo plazo y que permita aspirar a un sistema más eficaz con independencia del color del Ejecutivo. Gallardo apuesta por un modelo que elimine el carácter unipersonal de los juzgados, actualmente dependendientes de un solo magistrado, para crear juzgados de instancia, en los que un grupo de jueces pueden compartir secretario y demás funcionarios judiciales, en pos de un esquema más solvente.
Para las próximas elecciones generales, solo PP y PSOE abogan por mantener intacto el sistema de elección de vocales del CGPJ y del Constitucional. Podemos opta por una consulta ciudadana para elegir al gobierno de los jueces y Ciudadanos eliminaría el CGPJ entregando sus competencias al Tribunal Supremo. Unidad Popular propone cerrar la Audiencia Nacional y los tribunales militares por su procedencia franquista.
