Los vendedores de automóviles cargan contra las restricciones al uso de vehículos privados que por contaminación se han impuesto en ciudades como Madrid. La patronal de los concesionarios ha alzado la voz contra las restricciones al tráfico rodado que por problemas de contaminación se han decretado en varias ciudades españolas. Ganvam pide a los ediles que han adoptado esta medida, entre los que se encuentra la madrileña Manuela Carmena, a que “pongan freno a la autofobia” desatada.
El presidente de esta institución, Juan Antonio Sánchez Torres, considera que las restricciones al tráfico decretadas a lo largo del último año apuntan “injustamente al coche como el único foco urbano de contaminación”. Así lo ha explicado en un almuerzo con medios de comunicación donde ha defendido que más allá de ser un vehículo a motor, el coche privado “se trata de una extensión de la libertad del individuo que no se puede coartar”.
En opinión de los vendedores de automóviles, “en lugar de prohibir o restringir el uso del vehículo” las medidas de los ayuntamientos y las administraciones públicas deberían ser de corte fiscal y orientadas a la sustitución de los modelos más antiguos y, por tanto, más contaminantes. Esta recomendación la justifican en el hecho de que más de la mitad del parque móvil español tiene más de 11 años de edad, y cualquier vehículo con más de una década emite hasta un 95% más de partículas que uno más nuevo.
Las medidas concretas que se reclaman desde Ganvam pasan por la supresión del impuesto de matriculación que grava la compra y adecuar el impuesto de circulación a criterios ambientales, tal y como recomiendan las directrices europeas en esta materia. También exigen que los consistorios municipales favorezcan los vehículos de tecnologías eficientes y fomenten la creación de conciencia social en la materia.
El presidente de la patronal ha destacado también la “eficiencia” demostrada por las múltiples ediciones del Plan PIVE para el “rejuvenecimiento” del parque móvil. En su opinión, estas evidencias deberían bastar para que estos planes “se articulen con continuidad” porque además defiende que “no suponen un gasto para el Estado ni para el contribuyente”, a pesar de que una abultada partida de estos incentivos proceden directamente de los Presupuestos Generales del Estado.
