PP incluirá en su programa para la próxima legislatura la atribución al fiscal de la instrucción de los delitos, señala el ministro de Justicia. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, considera que en la actualidad las demandas colectivas, como las que proliferan últimamente en relación con reclamaciones por aplicación de cláusulas suelo a hipotecas, la salida a Bolsa de una entidad financiera o la compra de participaciones preferentes, no están adecuadamente reguladas, y apuesta por abordar su regulación durante la próxima legislatura.
“Hemos conocido en los últimos tiempos una multiplicidad de demandas de ámbito civil, o penal, más bien civil, y no tenemos en nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil, una manera de encauzarlas adecuadamente”, ha reconocido Catalá en una entrevista concedida a Europa Press.
El ministro cree que este asunto podría abordarse con el objetivo de “simplificar esos miles de asuntos que van cayendo por juzgados de todas partes y que generan mucha carga de trabajo, y que se podrían acumular fácilmente para obtener una simplificación y una mejor atención de las demandas de los ciudadanos”.
Además, el PP incluirá en su programa para la próxima legislatura la atribución al fiscal de la instrucción de los delitos, un cambio de modelo que según el titular de Justicia quedó pendiente en el calendario de reformas que ha llevado a cabo su departamento, que está “extendido en toda Europa” y al que “se debería caminar” en una futura reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim).
“Se trata de una reforma tan estructural, tan profunda, que no puede hacerse en el último minuto de la legislatura, pues requeriría cambios en el Estatuto Fiscal, dotaciones de plantilla en la Fiscalía la creación del juez de garantías, y todas estas medidas lo hacen más un proyecto de principio de legislatura que plantearemos en nuestro programa”, ha afirmado.
